¿Del voto a la equidad?

La actual participación política de las mexicanas es resultado de los constantes movimientos realizados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los primeros avances en este rubro surgieron en 1916, durante el primer Congreso Feminista celebrado en Mérida, Yucatán, en donde 617 mujeres expresaron sus puntos de vista en torno a dos grandes temas: los derechos civiles de las mujeres y la educación femenina. Del mismo modo, se revisaron temas como la educación sexual (propuesto por Hermila Galindo, editora del periódico La mujer moderna), el asunto de la selección natural y el matrimonio. En un segundo congreso, Galindo expuso temas relacionados con la sexualidad de la mujer, el aborto y el derecho al voto.

De acuerdo con Oliva Solís Hernández, catedrática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), de manera coincidente, las participantes en estas dos asambleas manifestaron su necesidad de educación y de mejora de las condiciones laborales, sin embargo, la divergencia surgió en torno a temas como el derecho al voto y asuntos relacionados con el cuerpo femenino. «En el primer tema, hay dos grande bandos, las que están luchando por que se les dé el reconocimiento a las mujeres como ciudadanas y se le otorgue el voto femenino, y las que dicen que las mujeres todavía no están listas para ser ciudadanas y que por eso es necesaria la educación».

En 1929, las mujeres convirtieron en una pieza fundamental para el desarrollo la campaña de José Vasconcelos a la presidencia, pues una de sus promesas consistía en la instauración del voto femenino. Hacia 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió al Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, y de esta manera otorgar el derecho al voto a las mujeres. Aunque la propuesta fue aprobada por los senadores, el texto no se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Más tarde, en 1945, como candidato a la presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés promovió la reforma constitucional para que las mujeres pudieran aspirar a un cargo de elección popular. «El municipio libre es la base de nuestra organización política, la mujer tiene un sitio que la está esperando, porque la organización municipal es la que tiene más cuidado en los intereses de la familia y la que debe más atenciones a las necesidades del hogar y de la infancia» fue el discurso que Alemán utilizó para reformar la ley y promulgar la participación política femenina en ese nivel de gobierno.

Fue hasta 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió la reforma a los artículos 34 y 115 fracción I constitucionales, la cual otorgó plenitud de los derechos ciudadanos a este sector de la población para participar en los comicios presidenciales del 3 de julio de 1955. En este sentido, Solís Hernández explica que es necesario partir del supuesto de que, pese que el sufragio fue un gran logro de las feministas, en realidad no existió un cambio sustancial en la concepción del poder político de la mujer, sino que fue una perpetuación del poder masculino. «El argumento, cuando se le da el voto a las mujeres, es que ellas tienen que empezar a participar en la vida política para limpiar la política de la corrupción, porque la idea es que así como las mujeres limpian su casa y la mantienen ordenada, así pueden ayudar a mantener ordenada y limpia la vida nacional», apuntó la académica en entrevista.

De acuerdo con lo anterior, se podría afirmar que el derecho al voto femenino se convirtió en un discurso de campaña, pues algunas mujeres se adhirieron a las mayorías con el objetivo de ser reconocidas y poder participar en la vida política del país. Aunado a ello, el contexto internacional ejerció una especie de presión en los países que no habían abierto este espacio para las mujeres, pues parte de la modernidad era eso, que las mujeres tuvieran y ejercieran su derecho al voto. Solís Hernández explicó que, en ese sentido «actualmente hay toda esa presión a nivel internacional de mejorar las condiciones de género, de acabar con la violencia, de acabar con la exclusión y todo ese discurso que ya conocemos».

Prueba de ello son las afirmaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, las cuales señalan que México se encuentra en marcha para alcanzar la paridad de género; en el informe anual emitido por esta institución se menciona que en 2015 se reformó una cláusula constitucional en la que se exigió la paridad entre los candidatos al Congreso. «ONU Mujeres movilizó a grupos de mujeres de todo el país para promover la plena aplicación y difundió información en apoyo a los fallos del tribunal electoral y de la Suprema Corte de Justicia en favor de la nueva ley». Esta iniciativa permitió establecer consideraciones como un 42 por ciento de ocupación femenina en el Congreso nacional y 43 por ciento en diecisiete parlamentos locales.

Mujeres y cargos públicos en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que, hacia 2015, la población en México se encontraba conformada por poco más de 119 millones de personas, 61 millones de ellas mujeres y 58 millones de hombres; en cuanto a la estadística de la lista nominal y el padrón electoral, al 5 de mayo de 2017, este se encuentra conformado por 41 millones 44 mil 74 hombres, lo que representó un 48 por ciento del total, mientras que 44 millones 337 mil 997 mujeres, conformaron el 52 por ciento restante.

A pesar de que hay más mujeres registradas en el padrón electoral, esto no significa que sean ellas quienes toman las decisiones; de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) existe una menor participación en este rubro por parte del género femenino. Conforme a los resultados y la distribución de cargos públicos, se puede afirmar que existen barreras tanto estructurales como ideológicas.

«Todavía hay grandes resistencias y todavía seguimos preguntándonos si ya estamos listos para que nos gobierne una mujer, o si las mujeres tienen capacidad para tomar decisiones», explicó Solís Hernández, ya que, en la historia de México, solo seis mujeres han intentado ostentar el cargo como presidentas de la República: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto González, Marcela Lombardo Otero, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota. Mientras que en el cargo de gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de León, Beatriz Paredes Rangel, Dulce María Sauri Riancho, Rosario Robles, Amalia García, Ivonne Ortega Pacheco y Claudia Pavlovich Arellano son las únicas mujeres que lo han desempañado.

Desde 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) recomienda a los partidos incentivar una mayor participación por parte de las mujeres en la vida política, sin embargo, en 2008 estableció una cuota mínima obligatoria del 40 por ciento de las candidaturas a fin de asegurar la intervención femenina. Lejos de generar esa igualdad, estas disposiciones hacen hincapié en la necesidad de regular un derecho de participación que permita mejorar en condiciones de igualdad y no discriminación.

En este sentido, el avance registrado por Inmujeres en 2016, mostró que, la distribución porcentual de los secretarios de estado varones fue del 88.89 por ciento, mientras que las mujeres representaron el 11.11 por ciento restante. En el ámbito municipal solo el 9 por ciento de las mujeres desempeñó un cargo como edil, mientras que el 91 por ciento de estos cargos fue representado por hombres; esta misma situación, aplica en el caso de los síndicos, ya que el 74.16 por ciento pertenece a los hombres que ejecutaron esta labor, y el 36.72 por ciento a las mujeres.

En el nivel de gobierno de las diputaciones locales, los hombres representaron el 65.4 por ciento de los cargos, y las mujeres el 34.6 por ciento. Asimismo, la distribución en los cabildos a nivel nacional, reportó una ocupación masculina del 64.85 por ciento y un 35.1 por ciento femenina. En tanto, la distribución porcentual de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue del 81.82 por ciento para los hombres y 18.18 por ciento para las mujeres. El avance de las mujeres en el ámbito político fue más notorio en el recinto de San Lázaro, pues del total de diputados federales el 57.5 por ciento fueron hombres y 42.4 por ciento mujeres. Este caso no se repitió en el Senado, ya que la participación masculina representó un 63.28 por ciento y la femenina un 36.72 por ciento.

Al respecto, Sonia Rocha Acosta, senadora de la República de la LXIII Legislatura, explicó que los hombres y mujeres ejercen la política en todo momento. Rocha Acosta es queretana de nacimiento y egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Explicó que su trayectoria política inició en la secundaria, cuando participó como jefa de grupo y comenzó a forjar un liderazgo al realizar algunas labores en beneficio de su grupo, sin embargo, durante sus estudios en preparatoria empezó a vislumbrar su vocación «a mí me llamó la atención participar en la política y en el tiempo de la prepa ingrese al Partido Acción Nacional (PAN), a través de Acción Juvenil».

Luego de ocupar una diputación por la vía plurinominal a los 26 años, Rocha Acosta trabajó al interior de su partido y tres ocasiones desarrolló el papel de consejera nacional y estatal. Explicó que su llegada al Senado de la República sucedió un 3 de marzo, luego de que Francisco Domínguez Servién se mantuviera en ese cargo dos años. «No es fácil para una sola mujer, no es fácil para un solo político, porque necesitamos ser muchas mujeres y muchos políticos para cambiar este país», finalizó.

Si bien la lucha por el voto es el resultado de un proceso histórico que inició en el siglo antepasado, este aún se encuentra inconcluso. No basta con haber obtenido el voto, hay que alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Esta intención se refuerza con retos que señala la ONU, pues indica que es necesario incrementar  el presupuesto público para la igualdad de género y mejorar los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas en la aplicación de dicho presupuesto. Asimismo, señala la importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas y tareas sustantivas de los tres poderes. Así como vigilar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a México para el avance de la igualdad de género por parte de los organismos mencionados.

Se puede afirmar que la igualdad en la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones es necesaria para reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento, pues a decir de Oliva Solís Hernández, «lo que falta es que las mujeres lleguen con la perspectiva de género, y lo que estamos viendo es que la participación de las mujeres en la vida política se convierte en motivo de negociación, pero también en el negocio».