Defiende Daesy Hinojosa transparencia en aprobación del marco legal del SEA

La diputada local, presidenta de la comisión especial para el Sistema Anticorrupción, Daesy Hinojosa, respondió a los cuestionamientos del Observatorio Ciudadano de Querétaro y dijo que para la aprobación de los dictámenes de las leyes secundarias se actuó con transparencia y apegados a los tiempos límite de la ley general para el Sistema Nacional Anticorrupción.

En rueda de prensa, enumeró varios puntos en donde destacó que la comisión que preside trabajó con transparencia dando a conocer a través de medios electrónicos las iniciativas presentadas y los trabajos desarrollados en la comisión.

La legisladora, también señaló que el proceso de armonización aún no concluye, ya que falta dictaminar la Ley de Juicio Político, reformas al código penal y la Ley de manejo de Recursos Públicos, las cuales dijo que se presentarán en los próximos días.

“Contrario a lo que afirma el observatorio, el proceso de armonización legislativa no ha concluido, toda vez que hace falta otro paquete de iniciativas para dictaminar de las que destacan la Ley del Juicio Político, reformas en materia penal y la Ley para el Manejo de Recursos Públicos, por tanto es necesario corregir dicha imprecisión mencionada por el observatorio”, .

La diputada también señaló que las propuestas hechas por el Observatorio no se tomaron en cuenta, ya que no correspondía a la comisión la recepción de algunas de sus observaciones sino a la Junta de Coordinación Política.

“No pudieron ser incluidas primero, pedían a la comisión especial fechas, mecanismos y criterios para designar a los integrantes del comité de selección y para el fiscal anticorrupción, no obstante, la especificación de dichos elementos corresponde a la Junta de Coordinación Política más no a la comisión especial”, indicó.

Al cuestionarle a la diputada la posibilidad de que se pueda incluir la propuesta hecha por el Observatorio para integrar un comité técnico para la selección del fiscal, señaló que es un tema propio de la Junta de Coordinación Política, la que determine aceptar o no la propuesta para participar en la selección del perfil idóneo para el fiscal anticorrupción así como los cinco ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana.