Corrupción, el moche que consume a México

El video circula en internet desde mediados de marzo de 2017. En las imágenes aparece Oscar Retana, quien fuera de secretario de Obras del municipio de Colón, Querétaro, en la administración 2015-2018, en una charla con otras personas. En la grabación, Retana es señalado, de forma anónima y sin que exista una denuncia formal de por medio, por cobrar a contratistas una comisión del 20 por ciento por cada obra pública que en esa administración municipal se entregue. El video no presenta la fecha de creación.

Al respecto, la administración municipal aclara en un comunicado de prensa con fecha del 11 de marzo de 2017 que, según el señalado, los hechos que aparecen en el vídeo ocurrieron en agosto de 2015, dos meses antes de que ese gobierno iniciaran labores. Además precisa que Retana dejó de trabajar en el gabinete municipal en diciembre de 2016.

El comunicado señala que no existe en la Contraloría Municipal procedimiento vigente derivado de quejas por parte de contratistas o terceros que hayan sido agraviados por dicha persona. Sin embargo, tampoco aclara cuántas obras fueron realizadas bajo un esquema de licitación pública, adjudicación directa o invitación restringida en lo que va de esa administración, ni precisa si se hará alguna investigación a las obras públicas contratadas.

Para algunos, el episodio queda en la simple anécdota de un exfuncionario que promete a sus interlocutores dinero, «pisto, drogas y putas», que fue grabado en el acto y el video difundido en internet. Pero las imágenes también han dejado sembrada la duda sobre posibles actos de corrupción en uno de los municipio del estado de Querétaro.

Esta falta de claridad en torno a presuntos actos de corrupción y sus consecuencias no es privativa de un municipio de México. Un estudio de la firma Ernst & Young identifica que en los mercados emergentes, como lo es México, «se ha extendido la percepción de que los responsables de la corrupción no rinden cuentas ante las autoridades».

Los llamados moches o comisiones que tienen que entregar contratistas a funcionarios públicos son una práctica conocida en la actividad pública y privada, pero poco probada. ¿Por qué? Primero porque muchos lo hacen en especie vía terceras personas y, por supuesto, porque se hace de una forma en que no haya rastro de la ruta del dinero.

En este esquema de corrupción gubernamental participan dos partes: por un lado un funcionario y por otro lado, un miembro de la iniciativa privada. A ambos les beneficia el acuerdo, por ello, es muy extraño que un convenio de este tipo termine en una queja ante la Contraloría Municipal, por parte de una empresa.

En México el 84 por ciento de los directivos de empresas señalan que los sobornos y la corrupción son habituales al hacer negocios en el país, de acuerdo la 14ª Encuesta Global sobre Fraude y Corrupción, publicada en abril de 2016 por la firma Ernst & Young.

En el renglón municipal no sólo existen actos de corrupción para la entrega de obra pública, con procesos de licitación amañados, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas. Los sobornos se hacen presentes también para acelerar u obtener trámites y permisos; y de ahí se deriva una escalada de actos de corrupción en diversos ámbitos de los órdenes de gobierno.

Una encuesta de KPMG reporta que la mayoría de los pagos extraoficiales que hacen las empresas son para agilizar trámites, seguido de la obtención de licencias, en tercer lugar para impedir abusos de autoridad y en cuarto sitio para ganar contratos.

Por su parte, el estudio México, Anatomía de la Corrupción, realizado por la doctora Maria Amparo Casar, señala que el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, según el Índice de Fuentes de Soborno que publica Transparencia Internacional, el cual también señala que el 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se hacen para agilizar trámites y obtener licencias y permisos.

El Barómetro Global de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional reportó que en México los funcionarios o empleados públicos es la cuarta fuente de mayor corrupción, detrás de los partidos políticos, la policía y el sistema judicial. Los señalamientos de presuntos actos de corrupción gubernamental son cada vez más frecuentes en nuestro país. Dl nivel municipal al federal. Tal es la situación que México cayó 28 posiciones, con relación al estudio del año anterior, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado el 24 de enero de 2017 por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.

«Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país» señala Transparencia Mexicana.

La corrupción es la segunda problemática que más aqueja a los mexicanos, después de la inseguridad y la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); a nivel nacional, el 48.9 por ciento de la población de 18 años o más consideró que es muy frecuente la corrupción en el país. En tanto, el 47.8 por ciento de la población mayor de 18 años en Querétaro opinó que esta problemática es frecuente en la entidad.

¿Cuánto cuesta la corrupción?

El costo de la corrupción para la economía nacional representa hasta un cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), consideró el informe del Índice de Competitividad 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad. Con base en ese porcentaje, la corrupción en nuestro país cuesta más de 850 mil millones de pesos anuales, según estimaciones conservadoras, con base en el PIB registrado en 2015 a precios corrientes.

Esos más de 850 mil millones de pesos equivalen a más de ocho veces el presupuesto programable de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 2017; equivalen a 6.9 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud federal en este año; a cuatro veces más lo que hubiera costado subsidiar el precio de las gasolinas en 2017. Los costos anuales de la corrupción equivalen a más de tres veces el presupuesto programable de la Secretaría de Educación Pública en 2017.

Esos más de 850 mil millones de pesos son los que se acumulan de moche en moche. Son lo que constituyen uno de los grandes males de México. Por eso hoy, más que nunca, no debe quedar en el limbo una sospecha de un presunto acto de soborno gubernamental, moche, mordida o como se le quiera llamar. Lo mismo en lo municipal, que en lo estatal y federal. De lo contrario, México seguirá en picada en el combate a la corrupción, incluso con su Sistema Nacional Anticorrupción.