Negocian pago de deuda en Central Park para reabrir, pero municipio exige garantías bancarias
Desde este viernes en la tarde, Felipe Tome acudió de manera voluntaria para buscar una solución, pero en el municipio de Querétaro exige garantías bancarias que son imposibles de conseguir durante el fin de semana
Miembros accionistas de la empresa dueña del complejo Central Park negocian desde este viernes 8 de julio con el municipio de Querétaro el pago de los 8 millones y medio de pesos en impuesto predial que debe el área de corporativos, y que provocó la clausura de las dos torres durante la mañana.
Felipe Tomé Velázquez, quien forma parte de los accionistas, se acercó a través de sus representantes al municipio de Querétaro para llegar a un acuerdo de manera voluntaria y con ello reabrir las instalaciones en las que importantes corporativos nacionales e internacionales tienen ubicadas sus oficinas en Querétaro.
A pesar de que el acercamiento se dio desde este viernes en la tarde, el municipio de Querétaro exige garantías bancarias que soporten el pago de la deuda, que por ser fin de semana se tornan imposibles de conseguir al no estar en funcionamiento los bancos, lo que ha retrasado la reapertura de los corporativos y los comercios.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron a Códice Informativo que Felipe Tomé, a pesar de seguir siendo accionista, ya no controla la administración del complejo al haberse suscitado un problema entre accionista en el 2014, sin embargo es quien a través de sus representantes se acercó a la autoridad municipal de Querétaro para resolver la problemática y reabrir el área corporativa de Central Park.
La mañana del viernes 8 de julio personal de la Dirección de Inspección de Comercio y Espectáculos del municipio de Querétaro clausuró por falta de licencias y el no pago de impuesto predial las dos torres del corporativo Central Park, ubicado en Centro Sur, así como comercios que forman parte del complejo.
Más de 2 mil 500 empleados de los corporativos, y 400 que trabajan en el área de comercios, fueron desalojados y no pudieron llevar a cabo sus actividades por esta decisión municipal, que no ha sido revertida a pesar de las negociaciones.