Secretaría de la Contraloría presenta iniciativa de ley anticorrupción
Dicha iniciativa permitirá que las autoridades tengan más facultades para sancionar a un servidor público
La Secretaría de la Contraloría presentó la iniciativa de ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Querétaro que, en caso de ser aprobada por la LVIII Legislatura local, permitirá a las autoridades, tanto estatales como municipales combatir de manera más eficaz los actos de corrupción de todos los servidores públicos que participan en el manejo de los recursos públicos.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Alejandro López Franco, titular de la Secretaría de la Contraloría, informó que dicha iniciativa de ley permitirá que las autoridades tengan más facultades para sancionar a un servidor público que haya incurrido en algún acto que afecta el buen servicio, considerando que actualmente los procesos son ambiguos y carecen de causales claras para que aplique la sanción.
“Presentaremos en unos momentos a la Legislatura del estado, la iniciativa de la nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Querétaro, esta ley constituye una herramienta a disposición de las autoridades estatales y municipales encargadas de la determinación de responsabilidades, dotándolos de mayores facultades sancionatorias, a efecto de que puedan enfrentar con eficiencia los actos de corrupción en que incurren los servidores públicos”, afirmó.
De igual forma, puntualizó que esta propuesta de reforma a la ley de los servidores públicos vendría a mejorar los procedimientos sin que se descuiden los derechos de los trabajadores; además de que la rendición de cuentas patrimonial será verificable en cualquier momento y se le dará mayor certeza tanto al ciudadano que denuncia al servidor público que supuestamente cometió algún acto de corrupción, así como al servidor, para que las acusaciones sean en los términos constitucionales.
El funcionario estatal agregó que esta reforma incluye la actualización de un código de ética contra la corrupción, con la característica de que estaría vinculado con la serie de faltas que establece dicha reforma, de tal manera que si algún servidor público incurre en una irregularidad faltando a ese código, también sea acreedor a una de las sanciones que establece la norma, que podría ser desde una multa económica hasta una inhabilitación.
La inhabilitación es aplicable desde algunos meses hasta 10 años, sin embargo, no es posible aplicarla de manera vitalicia por cuestiones de orden legal, mientras que las sanciones económicas pasarías de 500 salarios mínimos hasta 5 mil sueldos reales, es decir, cualquier servidor público que cometa faltas será acreedor a sanciones más severas.

