Despidos en legislatura de Querétaro estuvieron justificados: Cabrera Valencia

Los despidos realizados al personal administrativo de la LVIII Legislatura son justificables, aseguró Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Mesa Directiva, pues debido al adelgazamiento en el gasto corriente, mantener a todo el personal no es viable para el erario público.

Además, mencionó que aún es posible, que continúen los despidos en el siguiente año, asegurando que la amplia mayoría de plazas desocupadas, no podrán ser recuperadas de nueva cuenta; aunque, señaló que no se cierra la posibilidad de volver a emplear a quienes cuenten con la experiencia necesaria.

“Para el cierre del año estaremos concluyendo, salvo alguna excepción que les haríamos de su conocimiento (…) No se quita la posibilidad de que existan despidos el siguiente año, la idea es que se cambie a un nuevo modelo de servicios civil de carrera que le permitá al personal administrativo su permanencia y de acuerdo a un crecimiento progresivo y planeado del poder legislativo” afirmó.

La legislatura, presidida por Cabrera Valencia, justifica estos despidos por haber encontrado duplicidad y triplicidad en las funciones administrativas, además de que algunas personas no asistían a laborar y continuaban cobrando sueldos. Sin embargo, también manifestó la existencia de un amplio sector que cumplía con su trabajo y ganaba con correspondencia a sus funciones, pero debido al recorte exigido por parte del poder ejecutivo y a la necesidad de hacer más eficiente la administración fueron despedidos.

“Tuvimos que hacer mano de despidos que no es un tema agradable y que hay familias que tendrán que buscar nuevas oportunidades. Estas plazas son cerca de 45 adscritas a dependencias pes se congelaran por los siguientes seis meses y que implican ahorros de poco más de medio millón, poco más de 600 mil pesos mensuales” señaló.

A pesar de estas condiciones, Cabrera Valencia aseguró que se están respetando las condiciones laborales de los trabajadores y que hay un porcentaje de empleados que podrían demandar a la legislatura por despido injustificado.