Senado obliga al Sector Salud a atender a emergencias obstétricas
Cualquiera de las instituciones del sector salud estará obligada a atender cualquier mujer que se presente por una emergencia obstétrica, llámese complicaciones de embarazo o el propio parto, sin importar si la mujer es o no derechohabiente.
Cualquiera de las instituciones del sector salud estará obligada a atender cualquier mujer que se presente por una emergencia obstétrica, llámese complicaciones de embarazo o el propio parto, de acuerdo a una reforma a las leyes de salud del país, realizadas este jueves en el Senado de la República.
Esto sin importar si son derechohabientes de alguna de las instituciones que integran este sistema, ya sea IMSS, ISSSTE y clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud; es decir, en cualquier centro médico del sector público.
Ahí deberán ser atendidas todas las mujeres embarazadas que requieran atención de urgencia -ya sea que ésta se solicite de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica.
Y es que la mortalidad materna, detalla, afecta principalmente a mujeres embarazadas que no cuentan con seguridad social, en condiciones de pobreza y que residen en zonas de marginación, razón por la que es necesario fortalecer el marco normativo, a fin de garantizar el acceso a toda mujer a la atención médica ante una urgencia obstétrica.
Durante la exposición de motivos, se pudo conocer que a nivel nacional se registran 2.1 millones de embarazos cada año; alrededor de 300 mil presentan complicaciones obstétricas.
La senadora panista, Sonia Rocha Acosta, subrayó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel global.
Cuando una mujer muere, explicó, deja a niños que se convertirán en jóvenes desprotegidos, no obstante, algunos contarán con un padre de familia que “hará lo posible por sacarlos adelante”, pero que según las estadísticas y la historia de México determinan que “las mamás son fundamentales”.
La legisladora también recalcó que el dictamen representa un gran paso para garantizar el acceso a las mujeres embarazadas a la atención obstétrica, disminuyendo la mortalidad materna y “garantizando el bien jurídico tutelado de los menores y una familia estable”.
En este sentido, el modelo propuesto prevé el mecanismo de portabilidad de las usuarias de los servicios públicos de salud y de seguridad social, con lo que se eliminan las barreras que persisten para el acceso a la atención efectiva y oportuna.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Fernando Mayans Canabal destacó los datos del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en los que se expone que en la actualidad, a nivel nacional, se registran 2.1 millones de embarazos cada año y alrededor de 300 mil presentan complicaciones obstétricas.
Este impacto, agregó, se traduce en 30 mil mujeres que quedan con secuelas obstétricas, que las convierten en discapacitadas, además de que mil 100 mujeres fallecen, con lo que se deja una secuela social de tres mil huérfanos cada año. No obstante, advierte que 80 por ciento de las defunciones maternas son prevenibles.
En el dictamen fue aprobado por unanimidad y subraya que a pesar de que el marco jurídico vigente prevé la atención de las urgencias obstétricas, y a pesar de las acciones del gobierno federal para reducir la mortalidad materno-infantil, la mortalidad materna continúa siendo un problema de salud pública importante.