CIDH pide sanciones a responsables de usar software espía desde los gobiernos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó públicamente su preocupación por la adquisición de software espía por parte de diversos gobiernos en este hemisferio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó públicamente su preocupación por la adquisición de software espía por parte de diversos gobiernos en este hemisferio, entre ellos, presuntamente el de Querétaro, del que Códice Informativo ha dado cuenta y seguimiento, y el cual ha negado exista la acción en voz del propio gobernador José Calzada Rovirosa.
“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la revelación de una gran cantidad de información que indica que varios gobiernos del hemisferio habrían adquirido e implementado programas de vigilancia de las comunicaciones electrónicas que pueden generar un perjuicio serio a los derechos a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión en la región”, detalló en un comunicado el organismo internacional.
Por ello, conminó a las autoridades no solo a investigar, sino a ofrecer una explicación clara sobre estos hechos y aplicar las sanciones que correspondieren.
“Los Estados también deben revisar la legislación pertinente y modificar sus prácticas sobre vigilancia, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos”, continúa el texto.
Y es que en los últimos días se expusieron públicamente al menos 400 GB de información de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización del software de espionaje Remote Control System (Sistema de Control Remoto, RCS por su sigla en inglés) dirigido a gobiernos o agencias gubernamentales, conocido también como DaVinci o Galileo.
Los documentos que fueron filtrados incluirían facturas, correos electrónicos, datos fiscales, entre otros archivos.
“El software de espionaje comercializado por la empresa estaría diseñado para evadir la encriptación en los computadores y teléfonos móviles, lo que permitiría sustraer datos, mensajes, llamadas y correos, conversaciones de voz a través de IP [VOIP, voice over IP] y mensajería instantánea. Con dicho software sería posible también activar remotamente cámaras y micrófonos de dispositivos de uso cotidiano. Según el portal de Hacking Team, “la recolección de evidencia en los dispositivos monitoreados es silenciosa y la trasmisión de los datos recolectados desde el dispositivo al servidor del RCS está encriptada y no es rastreable”, explica la CIDH.
Asegura que luego de las revelaciones “algunos estados han negado cualquier vínculo con la empresa Hacking Team y otros han indicado que adquirieron el software al amparo de la ley para la prevención e investigación del crimen organizado y terrorismo”.
Ante esta revelación, y frente a los posibles impactos derivados del uso de este tipo de tecnologías invasivas de la privacidad y del derecho a ejercer la libertad de expresión sin injerencias ilegales, la Relatoría Especial manifestó que de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de programas o sistemas de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido “de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación”.
Tales restricciones -dice- deben ser estrictamente proporcionadas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión.
“Esta oficina ha expresado que la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizada por motivos políticos contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes”, concluye.

