Organismos de la sociedad civil presentan el ‘anticorruptómetro’

Cinco organismos de la sociedad civil mexicana presentaron este martes la herramienta denominada “anticorruptómetro” con la que darán seguimiento al tiempo que tarda cada congreso estatal en aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción.

El anticorruptómetro consiste en un cronómetro que contará el tiempo que los congresos de los estados empleen en aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que se aprobó en días pasados en el Congreso de la Unión.

Este martes, el IMCO organizó una mesa de análisis sobre el tema en el que participaron María Amparo Casar, Directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los representantes de la sociedad civil Enrique Cárdenas, Director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); Manuel Molano,  Director General Adjunto del IMCO ; Viridiana Ríos, Directora del observatorio económico México ¿cómo vamos?; Marco Fernández investigador asociado de México Evalúa y profesor de investigación de la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey; y David Calderón, Director General de Mexicanos Primero.

En ella, los participantes urgieron a los congresos y gobiernos estatales la urgente aprobación e inmediata puesta en marcha de la nueva ley..

Las organizaciones y sus representantes reconocieron que la aprobación de la legislación es una labor de los congresos locales que sólo se podrá llevar acabo con la voluntad política de los gobernadores.

“No tenemos tiempo que perder para aprobar el SNA. El ‘anticorruptómetro’ nos permitirá exigir su aprobación y nos dará información sobre aquellos estados en los que no se tiene voluntad para acabar con el problema. Desde sociedad civil daremos seguimiento en tiempo real a los días, horas, minutos y segundos que le toma a los estados aprobar el sistema”, subrayó Viridiana Ríos.

En la misma línea Enrique Cárdenas, Director del CEEY, consideró que “con la corrupción no estamos sólo frente a un asunto de índole moral, o de uno de convivencia ciudadana, o de justicia elemental. No. Se trata de una tema que pone en entredicho la supervivencia material del Estado mexicano, su viabilidad económica y social”.

A su vez, Manuel Molano enfatizó que un combate directo es fundamental para alcanzar el potencial de crecimiento del país, de acuerdo con un comunicado difundido por el IMCO.

“La corrupción incide directamente en la rentabilidad de la inversión. En países con altos índices de corrupción es más difícil calcular la rentabilidad en términos de crecimiento, mientras que en países menos corruptos hay menos riesgo y lo por tanto la rentabilidad es más predecible. Según el Incide de transparencia internacional México está en el grupo de corrupción que no corresponde con su desarrollo económico”, añadió Molano.

“Esperaríamos muestras de responsabilidad política de los legisladores en los Congresos locales para ratificar, a la brevedad, esta reforma constitucional. No puede haber más dilaciones legislativas. La experiencia en el caso de la reforma energética nos recuerda que cuando hay voluntad política este tipo de procesos legislativos se pueden acelerar en aras de proporcionar al país de herramientas fundamentales como este Sistema Nacional Anticorrupción”, agregó Marco Fernández, investigador de México Evalúa.

En tanto, David Calderón subrayó que “la aprobación de estas reformas y adiciones legales debe llevar a su implementación cabal hasta cambiar las prácticas en cada sistema estatal de educación: los recursos públicos tienen que llegar íntegros hasta la última escuela, previniendo y castigando los desvíos en la forma de entregas ilegales a sindicatos y pagos a quienes no son docentes; los contratos fraudulentos con proveedores seleccionados al margen de la ley, incumplidos o abusivos; el uso de recursos educativos para favorecer a familiares, amigos y aliados políticos. Sólo así la inversión que hacemos los mexicanos para la educación pública cumplirá su finalidad: construir capacidades y ampliar oportunidades para la generación joven.”

Finalmente, los representantes de la sociedad civil insistieron en que la lucha contra la corrupción es una lucha de todos y para todos.