Exhibe DDHQ errores en el procedimiento judicial de La Laborcilla
No puede emitir una recomendación por que es asunto en litigio
Dos criterios judiciales distintos referentes a un mismo escenario provocan incertidumbre jurídica y violación a los derechos humanos, lamentó Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ), sobre el caso que desahoga el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre los hechos del 11 de junio del 2013 en la comunidad La Laborcilla, en el municipio El Marqués.
La DDHQ emitió un informe especial sobre el caso en el que exhibe la actuación de la autoridad judicial toda vez que en el mismo hecho, una juez resolvió de una manera, y otra juez resolvió de otra forma contradictoria, lo que vulnera los derechos humanos tanto de los quejosos como de las personas que fueron atacadas aquella mañana, así como de quienes son presuntos culpables y están siendo acusados de delitos, aseveró Nava Alvarado.
“En otras palabras, la jueza primera especializada en justicia para adolescentes, resolvió decretar la libertad de dos menores de edad con las reservas de ley ante la ausencia de flagrancia de la detención policial; en tanto la entonces jueza primera de primera instancia penal, hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia, determinó que la detención de las otras 31 personas fue legal“.
El ombudsman queretano dejó claro que al no haber uniformidad de criterios, la validez de una resolución invalida a la otra, lo cual deja desprotegidas a las personas procesadas, así como a los pobladores de La Laborcilla. Afirmó, además, que se conculcan derechos humanos como la certeza jurídica, legalidad, acceso a la justicia, debido proceso, libertad, igualdad, principios propersona, presunción de inocencia, congruencia e interés superior de la niñez.
Tanto imputados como las víctimas del delito, aún estando en contextos jurídicos diferentes, se enfrentan a un mismo sistema jurisdiccional que emite determinaciones dispares para un mismo escenario, lo que genera incertidumbre jurídica y convierte a ambos grupos en víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, adquiriendo dicho carácter al encuadrarse todos ellos en la definición que establece la Ley de General de Víctimas en su artículo 6 fracción XVII”.
La DDHQ emitió una propuesta general en la que hace una respetuosa sugerencia para que los servidores públicos del Poder Judicial “realicen ajustes y se implementen mecanismos para brindar seguridad jurídica a los usuarios, ya que tratándose de un mismo asunto, los criterios judiciales deberían de gozar de uniformidad“. Miguel Nava recordó que no se emitió una recomendación toda vez que el asunto está judicializado y el órgano a su cargo no puede conocer de dichos casos.