Senado aprueba reforma político electoral; la turna a los diputados

El pleno del Senado turnó a la Cámara de Diputados la reforma político electoral, luego que esta madrugada fue aprobada en lo general y en lo particular tras un debate de más de 10 horas. 

Con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la Cámara Alta avaló el dictamen que establece la creación del Instituto Nacional Electoral, órgano constitucional autónomo que sustituirá al IFE, y que se hará cargo de los procesos electorales federales, además de involucrarse activamente en los locales.

La reforma contempla un incremento de 9 a 11 en el número de consejeros electorales, quienes serán designados por la Cámara de Diputados, para un plazo de desempeño de nueve años.

Entre otros puntos, la reforma permite la reelección de legisladores federales y locales, además de alcaldes, así como nuevas causales de nulidad de elecciones, como es el rebase en 5 por ciento de los topes de campaña, siempre que entre los dos candidatos punteros la diferencia sea menor de 5 puntos.

La reelección de diputados federales y senadores se daría a partir de 2018, los primeros podrían repetir por tres periodos consecutivos y los senadores uno, para que en ambos casos sumen hasta 12 años como legisladores.

La reforma política electoral otorga autonomía a la PGR que se transforma en la Fiscalía General de la República, contará con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

Se incluye la autonomía para el Coneval, y se incrementan las facultades del Congreso para ratificar a los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Además se permitirá al Presidente optar por un gobierno de coalición.

Los legisladores dejaron fuera de la reforma la segunda vuelta electoral, que impulsaba la oposición para dar claridad al vencedor en comicios presidenciales.

Según algunos legisladores, tras el aval de la reforma político-electoral, mañana podría comenzar a discutirse en comisiones la reforma energética, que busca abrir el ingreso de capital privado en la industria petrolera mediante un esquema de utilidad compartida.