Ombudsman asegura que Pérez Guzmán miente; “las cosas se quedarán como están”, añade
En el resolutivo quinto emitido por el Tribunal Superior de Justicia establece la obligatoriedad a la pasada Legislatura de reponer el procedimiento de elección de ombudsman queretano e incluir solamente al promovente del juicio de inconstitucionalidad y a Miguel Nava Alvarado, tercero afectado en el asunto
El titular de la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, aseguró este martes que pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió una resolución que obliga a la Legislatura a reponer el procedimiento de elección del ombudsman queretano, en defensa de José Luis César Pérez Guzmán, “las cosas van a quedar como están”.
Pérez Guzmán promovió un juicio en virtud de que se dijo perjudicado por la decisión tomada por la LVI Legislatura de Querétaro, en febrero de 2012, al no dejarlo participar en la elección de lo que en ese momento era el cargo de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy llamada Defensoría.
Al respecto, Nava Alvarado aseguró al noticiario Decodifica que Pérez Guzmán mintió ante el TSJ dado que sí conocía –como trabajador de la ahora Defensoría- que la edad máxima para contender por el cargo era de 60 años, mientras que el promovente del juicio tenía 70 años cuando se emitió la convocatoria.
“Que una persona mienta y que le avale el Tribunal Superior de Justicia se me hace un acto que no nada más vulnera derechos humanos de mi parte, que soy el tercer perjudicado (…) Me da la oportunidad de exhibir las congruencias y arbitrariedades que pretenden hacer.
“Yo estoy totalmente convencido que las cosas van a quedar como están: fui electo por la soberanía”, aseguró.
Nava Alvarado añadió que hará valer los derechos que le otorgan la Constitución y los tratados internacionales en la materia y que se defenderá si es necesario.
El pasado 9 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro emitió la sentencia del juicio constitucional 1/2012 sobre protección de derechos fundamentales a favor del promovendo José Luis César Pérez Guzmán, quien se vio perjudicado por la decisión tomada en su momento por la LVI Legislatura de no dejarlo participar del proceso de elección de presidente de la entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos.