Tribunal de Justicia Fiscal ordena pagar indemnizaciones a indígenas otomíes
La Procuraduría General de la República deberá pagar 1 millón 72 mil 624 pesos a cada una de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio
El Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa confirmó que ordenó a la PGR a reparar el daño causado a las indígenas otomíes del estado de Querétaro, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio quienes fueron acusadas de supuestamente agredir y secuestrar a agentes ministeriales de la PGR por lo que fueron encarceladas de 2006 a 2010.
“Los Magistrados Víctor Martín Orduña Muñoz y Carlos Mena Adame, pertenecientes a la Segunda Sección de la Sala Superior, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fueron los ponentes en la sesión pública en la cual este órgano jurisdiccional ordenó el pago de 1, 072, 624.79 pesos a cada una de las dos indígenas otomíes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por concepto de la indemnización del daño patrimonial y moral que sufrieron, a causa de la irregularidad administrativa en que incurrió la autoridad responsable”, informó el Tribunal de Justicia Penal y Administrativa.
El Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juan Manuel Jiménez Illescas, encabezó la sesión pública del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, donde se ventiló el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a quienes la autoridad responsable también deberá reconocer su inocencia, en los mismos medios donde fue publicada la acusación de que fueron objeto.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión pública del Pleno Jurisdiccional, se pronunció por el pago de una indemnización para las indígenas queretanas como lo estableció la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió que no se acreditaban los elementos de dichos delitos.
El 28 de abril de 2010, luego de casi cuatro años de permanecer en el penal de San José El Alto, Querétaro, Alberta y Teresa fueron liberadas luego de que, por unanimidad, cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieran revocar la sentencia y declararlas inocentes.
