El orden de los factores sí altera el producto

Hace más de un año me invitaron a hacer una colaboración para una publicación local de un partido político. Para no escribir loas hacia ese partido o elaborar un artículo que satanizara a sus opositores, preferí cuestionar la decisión, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y por supuesto de la que gobierna a nivel federal, de dar prioridad a las reformas estructurales en lugar de primero establecer un marco legal anticorrupción ante lo que de hecho pasaba y que de hecho vendría.  Esto fue lo que escribí que en mi opinión cobra hoy aun más fuerza:

“No creo que haya antecedentes recientes sobre tantas reformas tan trascendentales para México siendo discutidas en un primer año de gobierno. Reformas como la laboral, educativa, telecomunicaciones, competencia económica, financiera, energética y fiscal han sido aprobadas o se encuentran para discusión en el Congreso de la Unión. Sin embargo, pareciera que se ha dejado en segundo término la reforma anti-corrupción lo cual es un error no sólo en el diagnóstico de las demandas ciudadanas sino también por sus efectos negativos en materia económica.

Para nadie es un secreto que la corrupción se ha agravado a todos los niveles de gobierno y en todos los poderes del Estado, a pesar de la existencia de las contralorías y órganos de fiscalización.  Sobran los escándalos recientes de ex gobernadores, ex presidentes municipales, recursos públicos manejados por líderes sindicales, casos de funcionarios que dentro del poder judicial han puesto la justicia a la orden del mejor postor y por supuesto lo desmedido de los recursos que de manera completamente discrecional se manejan en las Cámaras del Congreso Federal, sólo por citar algunos casos. El hartazgo de la sociedad es lógico y se profundiza cada día que la impunidad es evidenciada.

Sin ir muy lejos, los trágicos hechos causados por las tormentas “Manuel” e “Ingrid”, dejaron al descubierto que autorizaciones en materia de usos de suelo y asignaciones de concesiones y obras, particularmente en la carretera del Sol, tuvieron mucho que ver en los daños materiales y humanos causados en Acapulco y la consecuente imposibilidad de entrar o salir por vía terrestre de la zona.

México ocupa el nada honroso lugar 105 de 171 en la escala del Índice de Percepción de Corrupción 2012, muy por encima de la media de este importante indicador internacional.

Pero si el problema es tan grande, si la sociedad demanda que se castigue a los corruptos y si ha quedado claro que este fenómeno sí tiene un gran impacto en la eficiencia con la que se gasta el dinero público y privado en México, porqué no esta el tema en la cima de las prioridades de los legisladores federales.

El asunto no es menor, ya que el principal problema que percibo y por lo que creo debe aprobarse la reforma anti-corrupción antes que las que aun están pendientes es porque de lo contrario estás reformas siempre estarán vulnerables a otro de los males endémicos que hay en México, la mala aplicación de la ley o la no observancia de la misma, muchas veces ocasionada precisamente por entendimientos económicos por debajo de la mesa.

Por ejemplo, la reforma constitucional de telecomunicaciones establece la obligación de parte del nuevo organismo regulador IFETEL de licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que implicará con seguridad una de las licitaciones mas delicadas y donde grandes intereses económicos estén en juego.  Cómo licitar este espectro radioeléctrico sin un marco jurídico que sea eficiente en castigar la corrupción, tentaciones las habrá y se aumentaran si el riesgo de ser sancionado es muy bajo.

Otro potencial caso. La reforma energética podría establecer la posibilidad jurídica de celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado nacional o internacional, para lo que seguramente pujaran muchas de las grandes petroleras multinacionales. PEMEX, con temas menores que esto, ya ha sido señalada como una fuente de corrupción de altísimo nivel, por lo que me parece ingenuo que se vaya a un nuevo esquema de explotación de los recursos petroleros con intervención del sector privado sin tener una reforma anti-corrupción.

No podemos ignorar que los altos índices de corrupción desincentivan la inversión nacional y particularmente la extranjera, porque aumenta el costo de producción comparado con otros países menos corruptos. A veces no llega el dinero a nuestro país simplemente por ese detalle.

Por otro lado el que haya gente del gobierno pidiendo dinero para la realización de trámites y otorgamiento de concesiones y licencias es un costo que el empresario, también corrupto, lo reflejará en el precio de sus productos y seguro nos lo pasarán al consumidor invariablemente. Afecta por lo tanto la capacidad de compra de las familias mexicanas.

Mientras no haya una ley y un instituto anticorrupción autónomo confiable y que de resultados, también será mas complicado presentar iniciativas que aumenten impuestos o replanten los existentes, ya que los ciudadanos están cansados de poner mas para que lejos de estar aportando para tener mejores servicios públicos estos recursos acaben en las cuentas bancarias de funcionarios.

Así, la reforma al marco jurídico anti-corrupción es en mi opinión la piedra angular para que las demás reformas y su objetivo de tener un país mejor puedan funcionar correctamente. Debe ser la primera, el punto de partida que fije el principio de honestidad desde donde se moverán los intereses económicos que la nueva apertura en sectores como el de telecomunicaciones y el energético generaran. Dejarla para el último  para ver si se aprueba y en que términos me lleva a afirmar que el orden de los factores si alterará el producto.