Reparar daños en ríos de Sonora costará 100 mdp en una primera etapa
El gobierno del estado usará sus propios recursos para cubrir los gastos mientras el Grupo México se hace cargo de ello
Entre 80 y 100 millones de pesos costará la primera etapa de reparación de daños por el derrame de químicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, estimó Guillermo Padrés, gobernador del estado.
Por el momento, agregó, el gobierno del estado usará recursos propios para cubrir esos gastos, mientras Grupo México se hace cargo de ellos.
“En la primera etapa, estamos hablando de unos 15 días, estamos hablando de cantidades muy fuertes, nosotros estimamos en números fuertes que pueden llegar hasta los 80 o 100 millones de pesos en la primera etapa, es bastante, la verdad“, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
Padrés adviritó que si Grupo México -cuyos trabajos causaron un derrame de químicos y la contaminación a los afluentes de los ríos- no se hace responsable de los gastos, se buscarán los medios legales para que cumpla.
“Nosotros estamos poniendo nuestros recursos pero tenemos la palabra del Grupo México de que van a devolver ese dinero, y si no pues vamos a buscar todos los medios legales posibles para que ellos le hagan frente porque ellos son los responsables y deben de pagar“, anotó.
El mandatario sonorense agregó que implementaron tres nuevas acciones como parte de la reparación de daños.
“Lanzamos tres programas adicionales que es la relocalización de los pozos en cada uno de los municipios, ya estamos ahorita perforando, estamos también ya instalando los centros de acopio para poderle comprar todos los productos a los productores de esta zona y también estamos con trabajos de limpieza en toda la cuenca del río Sonora“, detalló.
El pasado 8 de agosto, se reportó que 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina de Cananea en aguas del río Bacanuchi en la zona de Río Sonora.
Las autoridades federales preparan, además de la denuncia ya presentada contra quien resulte responsable por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora, una segunda demanda penal por responsabilidad ambiental, debido a la dimensión del daño provocado a la economía de 24 mil habitantes de la región y a la ecología de la zona.
