El espionaje y su verdadero fondo

Ante las recientes revelaciones de Edward Snowden, que señalan que Estados Unidos interceptó millones de comunicaciones emitidas desde diversos gobiernos entre 2012 y 2013, varios países han alzado su voz de condena en contra del programa revelado por el ex-analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), el cual supuestamente permite al gobierno estadounidense espiar a ciudadanos y gobiernos extranjeros y obtener información privada tanto dentro de su territorio como en cualquier lugar del mundo a través de mecanismos secretos.  Obama ha mencionado que este tipo de violación de la privacidad en las comunicaciones, que, dijo, «ayuda a prevenir atentados terroristas».

El espionaje está definido como la “actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva”.

El tema de la legalidad del espionaje bajo el derecho internacional es un tema controvertido. No existe ningún instrumento específico que prohíba expresamente el espionaje internacional, ya que los Estados pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, al igual que es el caso de los ciudadanos en el orden interno. Al no existir tratados, costumbre o un principio general del derecho internacional que prohíba expresamente el espionaje, los Estados podrán llevar adelante dicha actividad.

Sin embargo, el espionaje no puede ser considerado pacíficamente como lícito, pues si bien es cierto que la gran mayoría de los Estados tienen cuerpos de inteligencia que llevan a cabo operaciones encubiertas tanto dentro de su territorio como en el extranjero, al mismo tiempo consagran en su legislación interna la posibilidad de enjuiciar a personas que espíen dentro de su territorio. Pero al final del día, hoy, el espionaje no está tipificado como un crimen internacional.

Luego de que el semanario alemán Der Speigel afirmó que dentro de los países vigilados se encontraban Francia, México, España, Brasil y Alemania, las respuestas de los gobiernos en cuyos países se habrían perpetrado estas intercepciones de comunicaciones han ido desde declarar violaciones a su soberanía, solicitar aclaraciones en torno a estos reportes, hasta la cancelación de cooperación internacional. Asimismo, los gobiernos se encuentran tomando medidas de contrainteligencia.

En el caso de México, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha asegurado al gobierno de México que ni en el pasado ni ahora autorizó operación alguna de espionaje de funcionarios mexicanos y reiteró que hay una investigación en curso para deslindar responsabilidades,  y en caso de ser cierto, se aplicaría las penas correspondientes en su contra. Por su parte, la embajada norteamericana en México, ha decidido no declarar nada en torno a las acusaciones del supuesto espionaje, y que por  política, “Estados Unidos utiliza la misma inteligencia extranjera que todas las naciones”.

Por su parte, el gobierno de México ha abierto una investigación interna en donde oficinas de inteligencia mexicana analizarán si algún funcionario está involucrado en los supuestos casos de intervención de la NSA.

Lo preocupante es que pareciera ser que el petróleo es el móvil del espionaje en nuestro país, y no el terrorismo ni la supuesta protección de la seguridad nacional. Así lo indica el periodista británico Glenn Greenwald, quien dijo en una entrevista tener pruebas de que los documentos secretos filtrados por Snowden indican que la NSA de Estados Unidos realizó espionaje acerca del petróleo y los recursos energéticos en México.

Sea esto verdad o no, lo cierto es que 3 mil kilómetros de frontera y una economía cuyo PIB depende en gran medida de las exportaciones a ese país, aunado a una creciente recesión global, hacen que México no tenga gran margen de maniobra ante Estados Unidos.

Puede no ser ilegal, pero ser observados en nombre de la seguridad nacional, y continuar permitiendo que se viole la soberanía parece ser el precio que el gobierno de México pagaría con tal de tener una relación política y económicamente llevadera. No importa que vaya en contra del propio principio de política exterior mexicana de “No intervención”.