Los vicios originales de la elección judicial

Según Carlos Santiago Nino la ventaja de la democracia consiste no sólo en tomar decisiones mayoritarias sino en que éstas se distingan por su corrección moral y por beneficiar a todas las personas en la mayor medida posible.

Para alcanzar estas características, es necesario actuar de forma imparcial, esto es, sin beneficiar intereses particulares y también es indispensable dialogar con las personas que serán afectadas por las normas.

Según estos parámetros, la reforma constitucional para la elección popular de juezas y jueces debió haberse aprobado luego de evidenciarse que favorecerá a la administración de justicia y tras haberse consultado ampliamente a personas juzgadoras, barras y colegios, universidades e instituciones, especialistas en el tema y estudiantes de Derecho que integran a las nuevas generaciones de abogadas y abogados de nuestro país.

En cambio, ambos requisitos fueron omitidos y se aprobó un cambio sustancial para el sistema jurídico que parece responder a intereses políticos específicos y fue precedido por manifestaciones de todo un gremio directamente interesado.

Estas deficiencias se traducen en importantes cuestionamientos que desde ahora realizamos a la organización y ejecución de las próximas elecciones y que trascenderán a las sentencias que dictarán las nuevas juezas y jueces nombrados.
Uno de ellos consiste en haber establecido 3 Comités de Evaluación y asignar uno a cada Poder Federal.

Con ello, en vez de observarse parámetros homogéneos que privilegien la formación académica y experiencia práctica podrá favorecerse a quienes posean cercanía con la Presidencia y el partido mayoritario del Congreso.

De igual modo, el filtro de sorteo no asegura conseguir a las mejores personas para ocuparse de juicios en sectores tan complejos como energético, financiero, de competencia económica, telecomunicaciones y propiedad intelectual; ni tampoco para fijar interpretaciones directas de la Constitución Federal y validar las futuras elecciones a celebrarse en México.

Por último, no están claras las reglas para que las personas candidatas se promuevan antes de la votación ni las medidas que impedirán que reciban apoyo de autoridades o sectores económicos y delictivos.

No obstante, parece que eventualmente finalizará este proceso y obtendremos nuevos integrantes para nuestros tribunales más importantes. Todo ello para finalmente comprobar, como nos advierte Nino, que las decisiones carentes de imparcialidad política y diálogo social efectivo acaban por dañar a la democracia. Ello, pese a que se hayan aprobado de forma absolutamente mayoritaria.