Juego de estrategias: el destino de México

No cabe duda que el gobierno y sus aliados iniciaron la conquista del Poder Judicial por medio de estrategias que rayan en el abuso y destrucción del sistema judicial en México y la pérdida de derechos de las y los mexicanos.

Los políticos, en su gran mayoría, se distinguen por sus acciones gansteriles, de razonamiento más apegado al hígado que a la razón, falta de un buen razonamiento lógico y equilibrado.

Caso contrario, ministros, magistrados y jueces, los distingue su estudioso razonamiento analítico, crítico, sistemático, lógico, jurídico, fundamentado y muy sustentado. Lo contrario a la manera de pensar o razonar del político morenista.

Hemos visto con toda claridad como los políticos de la llamada cuarta transformación, encabezados por Andrés López Obrador y la camarilla que dejó sembrada por todas partes, los caracteriza el abuso y la falta de razonamientos lógicos; se imponen por la fuerza, no por la razón.

Parece un juego de ajedrez la férrea voluntad de terminar con el sistema garantista de justicia que hoy tiene el sistema mexicano, por uno que pueda ser controlado a voluntad del político y no subordinado al imperio de la ley.

AMLO sugirió la destrucción del sistema judicial dado que no pudo controlar al Poder Judicial y así cubrir la ilegalidad de todas las tropelías que cometió durante su administración. Luego ideó la forma más gansteril de controlar al tercer Poder que no pudo dominar, si acaso y fue mucho, desobedeció gran parte de las sentencias emitidas por las autoridades federales en materia de justicia.

Mientras controló al ministro -entonces- Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, cuando fue el presidente de la SCJN, alcanzaron a torcer muchas resoluciones por medio del chantaje, la amenaza o la premiación a más de alguna de las autoridades judiciales. Mientras duró la luna de miel nunca se quejó AMLO del Poder Judicial, solo cuando llegó la ministra Norma Piña como presidenta, después de luchar el contra de ella intentando imponer a Yasmín Esquivel Mossa, fue que las cosas se salieron de control de López y su pandilla.

Casi 2 años les llevó la idea de cómo derrumbar a la SCJN y toda la estructura, para apoderarse del Poder Judicial. AMLO hizo campaña política-electoral antes y durante todo el proceso electoral para llevar votos a su movimiento, utilizó el aparato de Estado en apoyo de su candidata; abiertamente llamó al voto. También logró cooptar a los organismos electorales, congeló cambios en algunos cargos y promovió solo aquellos que sí podían controlar, como fueron varios consejeros en el INE; después lo harían con el TEPJF. Plan perverso de ajedrez.

Hecho lo cual, una vez que logró la mayoría de triunfos en el proceso electoral, ya, bajo el control del gobierno los organismos electorales, estos obsequiaron groseramente las mayorías calificadas en ambas Cámaras legislativas, fue hasta entonces que pudo garantizar AMLO y su pandilla, cualquier reforma a la Constitución. La oposición nunca vio venir el movimiento gansteril, si bien bastante inteligente, sumamente turbio.

Una vez logrados los profundos cambios a la Constitución para destruir el sistema judicial, basados fundamentalmente en una campaña sucia, llena de mentiras en contra del personal que imparte justicia, también alcanzaron el supuesto respaldo del traído y llevado “pueblo”, la masa informe que aplaude todo lo que promueve el sistema oficialista de Morena.

La clase pensante, los estudiosos, los doctos en Derecho, ministros, magistrados y jueces, siempre en su trabajo, alejados de los reflectores mediáticos. Las circunstancias los obligaron a salir a los medios y a la calle e intentar defender su causa: la dignidad. Poco a poco fueron saliendo a los medios para decir su verdad, esa verdad que ensució hasta el cansancio AMLO y ahora lo hace la presidente Sheinbaum.

Dado el atraco a la Constitución, como era de esperarse, vinieron los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias. Entonces la clase pensante, los doctos, los estudiosos del Derecho, los que imparten justicia, serían el juez que dilucidaría si los políticos hicieron bien o no su tramposo y sucio trabajo. Vino entonces la preocupación de los políticos gobiernistas.

De nueva cuenta surgieron las descalificaciones mediáticas de los políticos, desde la presidente hasta los barrenderos de las Cámara legislativas. Los ineptos e ignorantes, alegando que los estudiosos y preparados no tienen la razón. El juego parecía empatarse, al menos momentáneamente. Bien saben los facinerosos de la cuarta transformación que constitucional y jurídicamente parte de sus tracaladas legislativas están mal hechas, adolecen de inconstitucionalidad. Los expedientes y las sentencias estarían en manos del “enemigo”: la justicia.

Así las cosas, uno de los políticos más perversos del sistema Ricardo Monreal, sabiendo que perderían más de alguno de los juicios en su contra, ideó otra reforma más a la Constitución ¡Brillante y perversa! Eliminar, como facultad de la SCJN, la posibilidad de que conozcan de las acciones y juicios que puedan anular o declarar la inconstitucionalidad de cualquier reforma constitucional que atente en contra del sistema democrático de los mexicanos o vulnere derechos humanos, empezando por los del personal que será despedido del Poder Judicial.

Los ministros, a su vez, aceleran el paso para emitir la sentencia correspondiente. Deben, tienen que hacerlo cuanto antes. Ya hay un proyecto de resolución que declara la inconstitucionalidad de una parte de las reformas. Los legisladores federales también aceleran los tramites para aprobar las pueriles reformas que cercenan derechos de las y los mexicanos. Seguramente hoy miércoles aprueban el paquete y lo estarán enviando a las legislaturas para su aprobación, como lo hicieron con las reformas de AMLO.

En los transitorios de la segunda iniciativa, abusivamente adelantan que, todo aquello que esté en trámite y no sea resuelto por la SCJN, seguirá la suerte del principal; o sea, que no será aplicable ni válida o validas las sentencias de la SCJN que declaren la nulidad de sus “porquerías legislativas”. Así de abusivos y salvajes los legisladores federales del oficialismo.