Argentina y el falso dilema entre el Estado y el mercado

El triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias para la presidencia de Argentina trae a colación una discusión sobre el rumbo que debe tomar la economía de un país.

El problema económico que plantea Milei es un “exceso de estado” que frena la economía.

Como solución ha propuesto una reducción del estado. La desaparición de ministerios, entre ellos obras públicas. Milei llama a los impuestos un robo, una injusticia.

Más allá de la retórica estridente, hay que tener claro que el libre mercado es una falacia. El mercado debe estar sujeto a la política, no se autorregula. El libre mercado, sin la acción política, puede romper una sociedad ¿Por qué?

Primero, hay que tomar en cuenta que la política es el gobierno de las situaciones sociales. Cualquiera que estas sean. Si hay una situación social hay política y hay ejercicio del poder.

Una familia es una situación social, en su unidad mínima. Los padres ejercen poder, un poder que gradualmente se reduce hasta la emancipación, entendiendo el poder como la capacidad de A, para hacer que B haga lo que B quiera.

Las escuelas, las iglesias, los deportes e incluso los clubes sociales son también situaciones sociales donde hay política y poder.

La política es consustancial al ser humano en tanto ser social. Hay política y poder en todas partes. Somos animales sociales, somos animales políticos.

Los intercambios económicos también son situaciones sociales. Un gerente de una empresa contrata a otra persona para realizar un trabajo: producir un producto o realizar un servicio.

La organización social llamada empresa tiene una estructura jerárquica bien definida que ejerce el poder para definir las características de los productos o servicios que ofrecen al mercado, las personas que consumen.

La alta dirección establece los objetivos, valores, políticas, reglas y procedimientos a seguir por los trabajadores. Es decir, ejercen poder al interior de su organización.

Las grandes empresas, con capacidad económica superior al PIB de muchas naciones, ejercen su poder sobre otros gobiernos para tener acceso a recursos, consumidores y mano de obra.

Por lo tanto, pretender que no haya política y poder en las relaciones económicas es una ingenuidad pintada de utopía.

Las relaciones económicas no se dan el éter. Son, insisto, situaciones sociales.

El siguiente apotegma es que el poder no deja vacíos. Si un actor político legitimado para ejercer el poder no lo hace, algún otro actor lo hará.

Si el poder político no ejerce sus facultades frente a los actores económicos, el ejercicio del poder se traslada a las empresas con más capacidades.

Por lo tanto, el modelo anarco-libertario con el que coquetea Milei es una utopía, por no decir una idiotez.

En la actualidad, con el avance internacional en derechos humanos, no es posible una sociedad sin gobierno donde las empresas sean las que velen por el bienestar y los derechos de su población.

El mismo Milei lo sabe y no lleva al extremo su libertarismo. Habla de desaparecer ministerios, pero no de desaparecer todo. Solo anularía aquellas cosas que, a su juicio, estorban a la lógica de los mercados.

La conquista de los derechos -desde la revolución industrial a la fecha- ha sido gracias a la lucha de trabajadores frente a los objetivos del empresariado de su época. Y han costado sangre.

La historia nos enseña que la situación social, llamada mercado, necesita ser regulada por el poder político y no al revés.

Y no es que los empresarios sean malos, malvados o maquiavélicos.

Solo basta recordar que las empresas son organizaciones que buscan un propósito claro, definido en su planeación estratégica: atender una necesidad del mercado y obtener beneficios económicos.

Hay una tendencia de unos años hacia la responsabilidad social de las empresas, lo cual es loable. Si la organización tiene externalidades negativas, lo mínimo que se les puede pedir es que las mitiguen.

Pero hay que recordar que el propósito de las empresas no es garantizar los derechos humanos, como la justicia, la salud o la educación.

La organización encargada de velar por el bienestar de la población, aunque es una verdad de perogrullo, es el Estado. Al menos en México eso lo deja muy claro el Artículo 1º de la Constitución.