Los desaparecidos del Comité de Desapariciones

“Ni los veo, ni los oigo”, dijo alguna vez un célebre político mexicano cuando fue cuestionado sobre los abucheos que recibió mientras se encontraba en tribuna, pletórico, ejerciendo el poder. Hacer mutis a todo aquello que no acaricie los intereses del poder es una práctica común en México, y de esa rancia usanza política no escapa Querétaro, que ignora hasta niveles vergonzosos problemáticas sociales tan sentidas como la desaparición de personas.

La desaparición de personas, ya sea a manos de agentes del Estado –se le conoce como desaparición forzada– o a manos de particulares, es un flagelo que azota las fibras más sensibles de la sociedad mexicana. No hace falta mas que voltear a ver unos meses atrás, con el caso Ayotzinapa y la indignación mundial que provocó la desaparición de los 43 estudiantes, para entender la situación por la que pasa el país en materia de Derechos Humanos.

Pero Querétaro se ha mostrado insensible. Cual si fuera una isla autónoma, alejada de la nube tóxica que contamina el tejido social de estados tan cercanos como Michoacán o Guerrero, el estado que hoy gobierna José Calzada Rovirosa ha ignorado la problemática, y con un dejo de soberbia institucional, ha puesto en la congeladora el debate público de la desaparición de personas, a pesar de que en este estado se han organizado incluso manifestaciones clamando justicia por esas personas que ya no están en sus casas, y que vivían en Querétaro.

Solo hay que ver el fiasco que ha supuesto la creación del Comité para dar seguimiento a la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas e el estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el 6 de junio de 2014, que ha convocado a cuatro reuniones desde entonces, pero apenas ha podido sesionar en dos de ellas por falta de quórum.

Los trabajos no se han retrasado por divergencias en las opiniones, por la falta de acuerdo en posturas institucionales o por álgidos debates que no han logrado aterrizar un fin común. No. La política pública de Querétaro en materia de desaparición de personas es inexistente por la sencilla razón de que, los servidores públicos y ciudadanos que tienen la encomienda de crearla, ni siquiera se aparecen en las reuniones. Como se dice coloquialmente, no les importa.

A saber. Jorge López Portillo Tostado, secretario de Gobierno del estado de Querétaro, no se presentó a la convocatoria del 29 de septiembre, ni a la del 4 de noviembre, ni a la del 25 de noviembre, todas en 2014, ni a la del 27 de febrero, ya en 2015. Es decir, el encargado de la política interna del estado de Querétaro, principal representante del gobernador del estado, ¡no ha atendido nunca las convocatorias!

El otro funcionario estatal que no se ha parado en ninguna sesión del comité es Mario César García Feregrino, titular de la Secretaría de Salud. Tras él, le sigue María Eugenia Bueno Zuñiga, directora del Sistema Estatal DIF, quien solo se ha presentado a una de las cuatro sesiones del comité. Adolfo Vega Montoto, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); y Arsenio Durán Becerra, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se han presentado a dos sesiones, y han faltado a otras dos, precisamente las que no se han celebrado por falta de quórum.

Del Poder Judicial de Querétaro, en primera instancia se requería de la presencia de Carlos Manuel Septién Olivares, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien faltó a la primera sesión, y posteriormente, la responsabilidad quedó en manos de la magistrada Marisela Sandoval, quien después solo se presentó a dos de las tres sesiones que se convocaron, siendo esta la del 27 de febrero, que se suspendió por falta de quórum.
Al comité deben asistir o los alcaldes o sus representantes acreditados de cada uno de los 18 municipios de Querétaro, pero tampoco en este grupo se ha encontrado voluntad.

Entre los que tienen más renombre, Antonio Zapata Guerrero, exedil de Corregidora, y María García Pérez, ex presidente municipal de Huimilpan, no asistieron nunca al comité. Enrique Vega Carriles, de El Marqués, apenas se presentó a una sesión. En otros municipios, se alternan algunos alcaldes o sus titulares de seguridad pública municipal, que mantienen la misma tendencia de incumplimiento generalizado, como San Juan del Río, que tenía acreditado a Raúl Rosales, quien fue jefe de la policía municipal, y que se presentó sólo dos de cuatro veces.

El comité está conformado por 38 miembros, en su mayoría funcionarios público, y necesita de la presencia de al menos la mitad de ellos para poder sesionar. Nueve de sus miembros son representantes de la sociedad civil organizada, todos elegidos por el gobernador Calzada.

Como representantes de la sociedad, desde el Poder Ejecutivo, se designó a Jesús Calderón, presidente de la Canacintra, quien solo se ha presentado en una de las cuatro ocasiones; a Fernando Lugo García Pelayo, presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Querétaro, quien ha ido solo a dos reuniones; y Armando Coronel Ramírez, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, quien ha faltado a una sesión y se ha presentado en tres.

La ley establece también la participación de tres representantes de los medios de comunicación, siendo elegidos por Calzada Rovirosa , el periodista Aurelio Peña Tavera, quien no ha asistido a ninguna de las reuniones; Luis del Toro y Nájera, quien ha ido a dos sesiones; y Erika Contreras Moreno, quien ha asistido a tres de las cuatro sesiones.

Finalmente, se incluye la presencia de tres “académicos con experiencia, conocimiento o trabajo relevante sobre casos de desaparición”, entre los que destaca Darío Malpica Basurto , quien preside a la Coparmex en Querétaro, quien solo ha ido a dos de las cuatro reuniones. Además, participan Óscar Guerra Becerra, abogado general de la UAQ, quien no ha ido nunca al comité, y Raúl Martínez Merling, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, quien tampoco se ha aparecido en ninguna de las cuatro sesiones.

Vale destacar a los miembros del comité que tienen asistencia perfecta, como Miguel Nava Alvarado, presidente de la DDHQ y quien además preside los trabajos del comité; Héctor Benítez López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ); Víctor Hugo Zanella, titular de seguridad pública en Ezequiel Montes; Leonardo Flores Mata, de seguridad pública de Amealco de Bonfil; Roberto Góngora Rodríguez, del Consejo Estatal de Seguridad Pública; y Juan Almaraz Pérez, del Observatorio Ciudadano de Seguridad del estado de Querétaro. Solo seis personas de 38 que forman parte del comité.

Por la falta de voluntad generalizada, que empieza desde la ausencia completa de Jorge López Portillo Tostado, los trabajos del comité están sumamente retrasados, hasta el punto de que aún no se cuenta ni siquiera con un reglamento, que aunque ya está aprobado, todavía no es publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”. Del Programa Estatal para combatir la desaparición forzada y la desaparición por particulares, mejor ni hablar, pues aunque se estableció una reducida comisión de trabajo para irlo diseñando, en el mes de diciembre pasado, la irresponsabilidad que azota al comité también dejó las sillas vacías.

Así, Querétaro demuestra que ni ve ni escucha a los ciudadanos que han llenado las calles exigiendo justicia para sus familiares desaparecidos. Tanto servidores públicos estatales, como municipales, y ciudadanos que representan a la sociedad, no ven ni escuchan el concierto nacional que encuentra en la desaparición de personas uno de los más lamentables fenómenos que lastiman a este país. En Querétaro, también, “ni los veo ni los oigo”.