La clase política, ante la exigencia de destinar sus recursos para enfrentar la tragedia

Son infinitas las muestras de apoyo y solidaridad que han mostrado todos los sectores de la sociedad mexicana ante la devastación que provocó el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, y sin olvidar por supuesto también el del 7 de septiembre anterior, que afectó especialmente a Oaxaca y a Chiapas.

Como en 1985, cuando todo cambió, los mexicanos se han impuesto a la adversidad y han reaccionado de manera heroica sobre todo con el afán de salvar vidas. Lamentablemente, conforme pasan las horas la posibilidad de rescatar personas se vuelve cada vez más remota, pero se viene otra gran reto que es, posiblemente, aún más grande: la reconstrucción del país.

Para ello, además de solidaridad se necesitan recursos. La sociedad mexicana volteó a ver al sistema político y le exigió desistir de usar ese dinero para engrosar la burocracia para que este se destine a construir viviendas para quienes perdieron sus hogares y dotarles de oportunidades para salir adelante.

Mientras las miradas estaban puestas sobre los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE), que en un principio se mostraron dubitativos, en Querétaro el gobernador Francisco Domínguez decidió suspender las actividades masivas entorno a su informe de gobierno, que deberá entregar el próximo 30 de septiembre a la LVIII Legislatura, por dos razones esenciales: como una forma de guardar respeto por las víctimas del último sismo, pues no es momento de celebrar actos políticos, y con la intención de donar los recursos que se erogan en materia de organización y difusión.

Aunque no existió presión por parte de la sociedad, el gobernador decidió aportar un grano de arena, junto al monto de su aguinaldo que asciende a 255 mil pesos. Entre ambos conceptos, si bien no es una enorme cantidad de dinero en comparación con lo que se necesitará para la reconstrucción de México, lo que destaca más es la buena voluntad política que envuelve a la acción y que valdría la pena se propagara en todo el país, con todos los gobernadores, con los principales presidentes municipales, y por supuesto con los más importantes funcionarios a nivel federal.

En contraposición, los partidos políticos necesitaron de una presión inusitada para lograr abrir la puerta a la posibilidad de redistribuir los recursos a los que accederían durante el proceso electoral 2018. Con mas de un millón y medio de firmas (aunque al momento de esta publicación ya supera el millón 735 mil), la petición de que los 7 mil millones de pesos que para el proceso electoral se repartirán entre los partidos políticos se destine a los damnificados por los sismos rompió el récord histórico de firmas en la plataforma www.change.org.

Tras el envión ciudadano, el PRI anunció como noticia histórica que renunciarán a 258 millones de pesos, el 25 por ciento de su financiamiento; el INE afirmó que hay mecanismos legales para que esto se pueda llevar a cabo, y esta mañana, Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del PAN, anunció que su partido renunciará al 100 por ciento de sus pautas en medios.

El queretano llegó un poco tarde al baile, pues cuando empezó la presión y durante las primeras horas de la crisis no puso el ejemplo y terminó moviéndose al son que le están tocando. Aunque exigió que no deben aprovecharse políticamente estas acciones, su anuncio viene precisamente en un ambiente sumamente politizado que terminó aderezando de más al exigir a los gobiernos disminuir el gasto corriente y quitar beneficios como celulares, viáticos, propaganda, vuelos privados o seguros particulares, pues el gasto de los partidos políticos asciende a solo el 1 por ciento del presupuesto.

México se enfrenta a uno de los retos más importantes de las últimas décadas. Sin que se pueda claudicar en la lucha contra la pobreza y la marginación, la corrupción rampante y la enorme inseguridad, ahora tendrá que apoyar a miles, tal vez millones de mexicanos que perdieron lo poco que tenían en un suspiro. Es la voluntad de los ciudadanos de este país destinar los recursos que sean necesarios para lograr ese cometido, y será obligación de la clase política cumplir con ese anhelo en los próximos meses. Aunque algunos lo hagan de buena fe y otros de manera forzada.