El Querétaro de las dos cabezas

Querétaro tiene dos gobernadores. Lo que se invita a pensar a partir de la lógica, hoy es un hecho incontrovertible que, en definitiva, debe poner a pensar a los queretanos sobre lo que pueda pasar en los próximos tres meses. ¿Quién está tomando las decisiones de trascendencia en Querétaro?

Tras el triunfo de Francisco Domínguez Servién el pasado 7 de junio, y las reuniones de buena voluntad con el actual gobernador José Calzada Rovirosa, ha quedado claro que a pesar de provenir de dos distintos partidos políticos, al panista se le van a extender toda clase de cortesías políticas, pasando por el consultar con él la toma de decisiones públicas en los últimos meses del actual gobierno.

El último caso, y que revela completamente el duunvirato que reina en Querétaro, se dio este miércoles en la sede de la LVII Legislatura. De última hora, se definió celebrar una sesión de Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la que se desahogaron varios pendientes, de mayor o menor importancia. El más destacado, por supuesto, fue el de retrasar el arranque del nuevo sistema acusatorio adversarial en la justicia penal, del 1 de septiembre de este año hasta el 31 de marzo del 2016, en Querétaro, Corregidora y El Marqués.

La decisión, que pasó “de noche” en la comisión, no mereció ni siquiera un comentario por parte de alguno de los diputados, lo que reviste de una importancia superlativa que es necesario escudriñar.

Primero que nada, queda claro que de aquí y hasta el 30 de septiembre, último día del gobierno de José Calzada, todo lo que pase en Querétaro tendrá que contar con el visto bueno de Francisco Domínguez. Y lo que no pase, también.

Sin mayor empacho, Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente de la Comisión y coordinador de campaña de Domínguez Servién, explicó a los medios de comunicación que la decisión de retrasar el arranque del nuevo sistema penal tiene que ver con que en septiembre arrancan los procesos de entrega-recepción, por lo que la concentración estará de lleno en eso, además de que la próxima administración quiere estar segura de que no se darán pasos en falso y de que, de ocurrir algún error o hacer falta algún ajuste, se contará con el recurso necesario para afrontarlo, por lo que consideran especialmente importante que el nuevo sistema arranque en un año cuyo presupuesto sea enteramente planeado por ellos.

A su alrededor, priistas como Gerardo Sánchez Vázquez o Braulio Guerra Urbiola secundaban el posicionamiento, dando así el aval del otro bando sobre la mesa.

Retrasar el arranque del nuevo sistema penal trae consecuencias importantes para la actual administración. Carlos Manuel Septién Olivares, hace apenas un par de semanas, aseguró sin miramientos que el nuevo sistema arrancaba el 1 de septiembre, en el informe anual de actividades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). ¿Cómo queda su figura política y la imagen de su institución, autónoma y representativa de un poder del estado, ahora que se ve necesariamente sometida a los designios no de uno, sino de dos gobernadores?

Y es que al TSJ ya la habían hecho una mala jugada unos meses atrás, cuando a causa de la falta de recursos públicos, se decidió retrasar, del 31 de marzo al 1 de septiembre, el arranque del nuevo sistema. Cero y van dos.

Por supuesto que comenzar en septiembre, a un mes de que asuma la nueva administración, no parecía ser la mejor decisión, pero tal vez se tomó bajo una premisa que para algunos era incontrovertible en aquellos días: Roberto Loyola sería el próximo gobernador del estado, y garantizaría la continuidad en las decisiones. Se equivocaron.

Y se equivocó el gobernador José Calzada, quien sabía perfectamente que hasta el 7 de junio podía gobernar a sus anchas, pero dejó el asunto del nuevo sistema penal rebotando en el limbo, lejos de su control. Ahora, para su desdicha, dejará la silla del Ejecutivo escribiendo un punto más en su no corta lista de pendientes. No habrá sido capaz de dejar instalado el nuevo sistema acusatorio adversarial.

Francisco Domínguez ya está tomando decisiones. Su influencia crece cada día más, de aquí y hasta que el 1 de octubre sea ungido como el nuevo gobernador.

Ante este escenario bicéfalo en Querétaro, queda la duda: ¿Quién definirá el futuro próximo del transporte público en Querétaro, con aquello del posible aumento de la tarifa?

Esa papa está caliente.