Delincuencia organizada en Querétaro, el problema heredado

El reconocimiento por parte de la autoridad estatal en materia de seguridad de la presencia de la delincuencia organizada en Querétaro, es un hecho que ha provocado un clima de debate y contrapunteo institucional, sin embargo, el tema es de mucho mayor trascendencia y complejidad, si se considera que esta clase de delincuencia echó raíces desde hace mucho tiempo.

Lo dicho por Juan Martin Granados Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del estado, y respaldado por el gobernador Francisco Domínguez Servién, es un diagnostico que los queretanos debieron haber conocido desde hace mucho, pero por años, y de una manera más evidente en los últimos meses, fue ocultado a la opinión publica.

Es evidente que no estamos ante un clima de descomposición en materia de seguridad pública que sea de generación espontánea; la presencia del crimen organizado no nació el pasado 1 de octubre. En Códice Informativo, desde el año 2014, se ha dado puntual seguimiento al tema y se ha documentado por medio de instrumentos de análisis nacionales e incluso de agencias internacionales como la misma Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en su informe 2014, que refirió a Querétaro como una zona con presencia de delincuencia organizada.

Además, la correlación entre la delincuencia organizada con delitos varios como secuestro, extorsión, robo de combustible, han sido identificadas por Statfor, un órgano de inteligencia e información privado encabezado por George Friedman, como parte de la descomposión y los retos en materia de inseguridad que enfrenta el Estado Mexicano.

De acuerdo con reportes de Petroleos Mexicanos (Pemex), en los últimos años se han perdido más de 46 mil millones de pesos por robo de combustible, siendo las entidades de Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas las que tienen mayor incidencia de robo de combustible en el país.

El periodo reportado por Pemex corresponde a la administración encabezada por el binomio Calzada-López Portillo, quienes tuvieron a su cargo la seguridad de Querétaro en los últimos años..

Pero también hay que analizar las participaciones de las instancias municipales que acompañaron a la administración 2009-2012, principalmente en municipios como San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Corregidora.

De acuerdo con Marco Antonio de la Peña, director Jurídico de Pemex, en su comparecencia ante el Congreso, en el periodo de 2006 a 2015 se registraron más de 16 mil 938 denuncias presentadas por el robo de combustible de las cuales cerca del 97 por ciento han quedado impunes, esto a pesar de que en marzo del presente año se aprobó la Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que endurece las penas para quien robe combustible o petroquímicos e incluso crudo. Esta ley fue promulgada como medida para combatir a la delincuencia organizada que ha impactado a la industria petrolera.

Más visible que las llamas que ocasiono el robó de combustible en los linderos del Fraccionamiento la Estancia en el Municipio de Corregidora el pasado 17 de agosto, ha sido en los últimos años la presencia de estos grupos responsables del robo de combustible.

Si bien los elementos de investigación de este tipo de delitos forman parte de la autoridad federal, por lo que son materia de la Procuraduría General de la República (PGR), lo cierto es que demanda una total coordinación en todas las instancias de gobierno,

Es evidente que en el pasado, esta cadena de delitos tenían en las instancias responsables omisiones que demostraron la falta de voluntad para atender un tema toral.

Por todo esto, no puede solamente poners el reflector sobre la actual administración, que ha sido la que ha denunciado el estado de las cosas en materia de seguridad. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿Por qué no se denunció antes?; ¿Por qué se manejó un mensaje sistemático de “aquí no pasa nada”?; ¿Quiénes responsables de las omisiones? ; ¿Quién debe responder a la ciudadanía por el notable deterioro en la seguridad? Y sobre todo ¿Por qué se actuó con tanta indolencia?