Contraloría, sin resultados contundentes hasta ahora

Una de las principales exigencias de los ciudadanos cuando hay un cambio de gobierno, y sobre todo cuando se da una alternancia política, es que los funcionarios que cometieron tropelías en el ejercicio de sus obligaciones públicas paguen por ello. En un país donde el pacto político se alza sobre el afán de justicia, no es común verlo.

A la llegada de Francisco Domínguez Servién al gobierno del estado de Querétaro, una de las promesas a los ciudadanos fue que no habría impunidad en lo que se refiere a castigar a los exfuncionarios que así lo merecieran.

“Que quede claro, Pondremos luz a todo aquello que estaba en la oscuridad. Señoras y señores, a partir de hoy no habrá espacio para la deshonestidad. No habrá perdón para el pasado. No habrá oportunidad para el abuso en el futuro. Gobernaremos con el ejemplo”, expresó el gobernador el 1 de octubre de 2015, cuando asumió el cargo.

Hasta el momento, hay algunos ejemplos que ilustran el trabajo que se ha realizado en este tema. Los tres extesoreros de Cadereyta de Montes que están siendo investigados, la exfuncionaria de Corregidora que fue inhabilitada, la denuncia penal en contra de el exalcalde de Colón, o la detención de Gabriel Gómez Martínez, exdirector de la Policía de Investigación del Delito (PID), son todos una muestra de lo que se está trabajando para combatir esa impunidad, sin embargo, hasta ahora los resultados siguen siendo pobres.

Y es que se acerca el primer informe de gobierno de la administración estatal de Domínguez Servién, y la muestra debe de ser mucho más contundente. Se habla de irregularidades importantes en todo lo que envuelve al extinto servicio RedQ, o del enorme dispendio de recursos públicos que existió en la pasada administración en el área de Comunicación Social, sin embargo, hasta el momento nada se ha sabido al respecto.

Poco entusiasmo se le ha notado a Alejandro Franco, titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, que después de casi tres trimestres a cargo de investigar irregularidades en la función pública, no ha dado un golpe de peso.

¿O será que no hay mucho más que investigar, a salvedad de algunos pocos exfuncionarios de medio nivel?

Hace falta mucho más empeño por parte de las áreas encargadas de velar por el correcto funcionamiento de la administración pública para cumplir con el anhelo ciudadano de vencer a la impunidad, y tal vez con eso se pueda enviar un mensaje fuerte a todos los funcionarios públicos: el que obre mal, no se saldrá con la suya.