Comunidades indígenas exigen destitución de titular del INPI; sin avances en 15 días, señalan

Autoridades comunitarias indígenas de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí denunciaron públicamente actos de exclusión, discriminación y violación a sus derechos colectivos por parte de Carmen Álvarez Suárez, quien desde el 4 de marzo asumió la titularidad del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro. Acusaron a la funcionaria de intervenir en las decisiones internas de las comunidades, reconociendo únicamente a representantes que le son convenientes y desconociendo a autoridades electas mediante asamblea conforme a usos y costumbres.

Desde hace más de dos semanas, las instalaciones del INPI en Querétaro se encuentran tomadas por representantes de distintas comunidades como Amealco, Bernal, San Francisquito, Pedro Escobedo, Colón, Tierra Blanca y San Miguel de Allende. Organizados por turnos de guardia, los manifestantes exigen la destitución inmediata de Álvarez Suárez y aseguran que no aceptarán negociaciones, al considerar que sus derechos y su dignidad no son materia de diálogo.

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Entre las denuncias destacan la omisión de difundir la reforma al artículo segundo constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la exclusión de 14 comunidades del listado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y la imposición de autoridades sin el aval de las comunidades. “Se está pisoteando descaradamente la decisión de la asamblea, cosa que no debería de ser. No puede venir una persona ajena a decir que una autoridad electa está mal”, expresó Genaro Nieves Cruz, autoridad comunitaria de Bernal.

Los manifestantes también señalaron que Carmen Álvarez ostenta simultáneamente tres cargos: como delegada comunitaria en San Ignacio, Guanajuato; como coordinadora del Plan de Justicia del Pueblo Chichimeca-otomí; y como titular del INPI en Querétaro. Aseguran que esto representa un conflicto de intereses que ha derivado en el uso del poder institucional para favorecer a ciertos grupos y excluir a otros, afectando incluso la distribución de recursos y el acceso a información oficial.

Testimonios recabados afirman que en diversas asambleas informativas se ha negado el acceso a representantes legítimos y se han manipulado listas para colocar a personas ajenas a las comunidades. También denunciaron la recolección de firmas entre autoridades civiles —no comunitarias— para validar procesos cuestionables, sin que los firmantes supieran el contenido real de los documentos. Esta práctica, señalan, ya se había utilizado anteriormente para legitimar autoridades impuestas, a pesar de que las comunidades ya habían elegido a sus representantes.

El llamado de los pueblos originarios es directo al director general del INPI, Adelfo Regino Montes, para que tome medidas inmediatas. “Si el INPI es garante de nuestros derechos, no puede ser el primero en pisotearlos”, reclamaron. Hasta el momento, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no ha respondido a las solicitudes de entrevista realizadas por este medio de comunicación.