Entidades y municipios fijarán su límite de gasto en Comunicación Social
Esta modificación tiene como objetivo obligar a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que transparenten y publiciten sus acciones, además de facultar a las entidades para establecer su límite de gastos en materia de comunicación social
Con 470 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este día el dictamen que reforma el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, el cual permitirá que tanto las entidades federativas, como los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinen su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social.
En el documento que se envió al Senado de la República se expone que de subsistir la norma sin modificaciones, las entidades federativas podrían no contar con los recursos suficientes para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre las acciones y programas de sus respectivos gobiernos, lo que originaría posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información.
Esta instancia gubernamental menciona que la iniciativa tiene sustento constitucional en el artículo 134, párrafo octavo, donde se establece que la propaganda gubernamental tendrá un carácter institucional con fines informativos, exenta de promociones políticas y agendas personalizadas.
Ante esta situación, Julio César Moreno Rivera, diputado de Morena, aseguró que con este dictamen se dará claridad y precisión, además de garantizar el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas de su gobierno, oportunamente y sin distinción alguna.
Aseveró que esta modificación tiene como objetivo obligar a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que transparenten y publiciten sus acciones, además de facultar a las entidades para establecer su límite de gastos en materia de comunicación social, lo que reivindica y fortalece los principios republicanos sobre los cuales se rige el Estado mexicano.