Conmemoran Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales
De acuerdo a la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), existen factores que influyen y promueven la violencia hacia las personas trabajadoras sexuales, entre los que destacan la estigmatización asociada al trabajo sexual
De 1982 a 2003 más de 49 trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Seattle, Estados Unidos, por Gary Leon Ridgway, conocido como “El Asesino de Green River“. A partir de estos feminicidios, cada 17 de diciembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales.
De acuerdo con Aministía Internacional (AI), América Latina y el Caribe tienen altos niveles de violencia de género, que se recrudece para quienes ejercen el trabajo sexual. Además de que la gran cantidad de abusos, particularmente a manos de funcionarios estatales, se suma la discriminación y una falta de acceso a la justicia.
Refrió que las personas que ejercen trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación.
De acuerdo a la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), existen factores que influyen y promueven la violencia hacia las personas trabajadoras sexuales, entre los que destacan la estigmatización asociada al trabajo sexual.
“Criminalizado en la mayoría de los entornos, así como la discriminación basada en el género, la pertenencia étnico-racial, el estado serológico, el consumo de sustancias y otros factores.“, indicó en su pronunciamiento este 17 de diciembre.
Añadió que se deben reconocer como formas de violencia que viven las trabajadoras sexuales, como la extorsión económica, negarles o privarles de alimentos u otros artículos esenciales, detenciones arbitrarias, sometimiento a registros corporales invasivos o arrestos por parte de la policía.
Además del arresto o encarcelamiento en centros de detención y centros de rehabilitación de forma arbitraria y sin el correspondiente proceso, negarles o privarles del acceso a los servicios de salud, ser objeto de procedimientos de salud coercitivos, incluyendo pruebas obligatorias de VIH y ETS, la esterilización, entre otros.