IEQ pide 121 millones de pesos
Pretenden construir un edificio propio
Con el voto en contra del consejero Demetrio Juaristi Mendoza, se aprobó el programa general de trabajo y el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral de Querétaro para el año 2013, que contempla 121 millones de pesos 312 mil 836 pesos.
De estos recursos, se proyectaron 39.2 millones de pesos para cumplir con lo que establece la Ley de Participación Ciudadana, en lo que tiene que ver con la organización de algún plebiscito o referéndum en caso de ser solicitado.
El monto solicitado se pretende destinarlo a diversas actividades y rubros, tales como: el financiamiento a los partidos políticos, las nuevas obligaciones para el Instituto derivadas de la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, la construcción de una sede propia y la implementación del Servicio Profesional de Carrera Electoral, entre otros.
El Director General del IEQ, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, señaló que el proyecto aprobado es equilibrado y responsable, toda vez que fue elaborado por cada una de las áreas del Instituto, con apego a la norma electoral y con base en indicadores medibles, con la asesoría del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
Sin embargo, el representante del Partido Nueva Alianza, Arturo Rocha Anaya, cuestionó el presupuesto al señalar que no es austero y de paso ventaneó los más de 1 millón 600 pesos que gana al año el consejero presidente del IEQ.
“Es un insultó al público”, indicó.
Durante la sesión ordinaria, el secretario ejecutivo, Magdiel Hernández Tinajero, indicó que se recibió un recurso de apelación promovido por la Asociación Política Alianza Ciudadana, en contra de la resolución del Consejo General del 28 de septiembre del presente año, relativo a la cancelación de su registro ante el Instituto, expediente que fue remitido para su análisis y resolución a la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, dijo que existen dos procedimientos especiales sancionadores pendientes de resolución derivados del pasado proceso electoral local, ambos en contra del PAN por presuntas violaciones a la legislación electoral, además de un procedimiento en materia de fiscalización en contra del PRI por omisiones en los estados financieros del último trimestre del 2011.
