Ley antitabaco en Querétaro: frustrada en el presente sexenio
Dos veces se ha intentado legislar en el tema y ambas han sido infructuosas
En al menos dos ocasiones el Poder Legislativo del estado de Querétaro ha intentado legislar para reducir el consumo y la exposición al humo de tabaco en la entidad, pero en ambas ocasiones el proyecto de ley ha encontrado importantes resistencias que han terminado por dar al traste a la idea y dejado intacto el status quo.
Fue a finales de 2011 y durante 2012, mientras Querétaro comenzaba a entrar en la coyuntura electoral, cuando la exdiputada de la LVI Legislatura, Blanca Pérez Buenrrostro, propuso una iniciativa que tenía la pretensión de sancionar a los restaurantes que no tuvieran espacio para fumadores, y no a las personas que consumieran tabaco. A pesar de que la diputada priista afirmó tener el consenso con el sector restaurantero, el proyecto fue desechado desde la propia comisión de Salud y Población, comandada a las críticas por el entonces diputado José Luis Aguilera Rico, y aunque la legisladora intentó revivir la propuesta en Comisión no se le permitió presentar una nueva iniciativa que versara del mismo tema.
Ya en la LVII Legislatura, la Comisión de Salud y Población pasó a manos del Partido Acción Nacional (PAN), con el diputado Enrique Correa Sada, quien retomó la idea de legislar al respecto pero desde otra perspectiva: su idea es que las sanciones no se apliquen a los establecimientos donde se fume, sino a las personas que cometan el acto. Además también se agregó el hecho de que no se pueda fumar en espacios de convivencia, públicos o privados, ya sean techados o al aire libre.
Para la construcción de la iniciativa se llevaron a cabo diversas reuniones y foros durante un espacio de un año, en el que participaron académicos, activistas y empresarios, e incluso, se contó con el apoyo de las cinco fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado mediante la firma de la iniciativa. Se aprobó en pleno por unanimidad, pero después, una andanada mediática por parte de sectores empresariales se agudizó y posteriormente, el Poder Ejecutivo del estado la rechazó parcialmente argumentando siete puntos entre los que destacó la necesidad de tomar en cuenta el perjuicio económico que podría tener la ley.
La Ley General para el Control del Tabaco, vigente desde finales de 2008 a nivel federal, prohíbe fumar en lugares cerrados con acceso al público y sanciona hasta con 36 horas de arresto o con multas de 5 mil a 500 mil pesos a quien viole dicha disposición. Dicha legislación obliga a la creación de lugares públicos cien por ciento libres de humo en todo el país; a los establecimientos expendedores de cigarros a contar con licencia sanitaria; a las empresas tabacaleras a colocar en las cajetillas una leyenda sobre los efectos del consumo de sus productos y queda prohibida la venta a menores de edad.