Lorena García propone reforma para otorgar certeza jurídica a millones de viviendas en México
La propuesta legislativa busca atender una situación que afecta a cerca de 10 millones de hogares en México, los cuales carecen de documentos legales que acrediten la propiedad de su vivienda, de acuerdo con cifras del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Con el objetivo de enfrentar uno de los retos más apremiantes en materia de vivienda en el país, la diputada federal por Querétaro, Lorena García Alcocer, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, enfocada en garantizar certeza jurídica sobre la propiedad inmobiliaria.
La propuesta legislativa busca atender una situación que afecta a cerca de 10 millones de hogares en México, los cuales carecen de documentos legales que acrediten la propiedad de su vivienda, de acuerdo con cifras del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
“La certeza jurídica no puede seguir siendo un privilegio; debe ser un derecho garantizado para todas las familias mexicanas”, afirmó la legisladora al presentar la iniciativa en la Cámara de Diputados.
El proyecto de decreto plantea modificaciones clave al artículo 26 de la ley, incorporando nuevos criterios que fortalezcan la resiliencia urbana, la inclusión, la equidad y la accesibilidad universal en el desarrollo de las ciudades. Asimismo, se propone una adición al mismo artículo que impulsa mecanismos para la regularización de asentamientos humanos, con el fin de asegurar el derecho a la propiedad y fomentar la corresponsabilidad social.
Otro eje de la reforma es el ajuste al artículo 71, con el propósito de que las políticas de movilidad residencial incluyan la garantía de derechos sobre la propiedad, en favor de un entorno urbano más eficiente y centrado en las personas.
La iniciativa se sustenta en compromisos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se alinea con los principios establecidos por ONU-Habitat para considerar una vivienda como adecuada: habitabilidad, asequibilidad, ubicación, acceso a servicios y seguridad jurídica.
Además, la propuesta se integra dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU), apuntando a reducir desigualdades, proteger el patrimonio de las familias y consolidar la rectoría del Estado sobre el territorio.
“Estamos frente a una oportunidad histórica para transformar el panorama de la vivienda en México. Esta reforma no es solo un cambio legal, sino un paso hacia ciudades más humanas, más justas y más sostenibles”, concluyó García Alcocer.
Con esta iniciativa, la diputada queretana reafirma su compromiso con los derechos fundamentales y el bienestar colectivo, en una visión legislativa centrada en la dignidad humana y el acceso equitativo a la vivienda.
