Acusan de corrupción a Conciliación y Arbitraje federal y a empresa de la Lotería Don Gallo

Trabajadores de Ediciones de Arte Nacional, la empresa responsable de las conocidas Loterías Don Gallo y Don Clemente, han denunciado actos de corrupción tanto por parte de funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje como de la propia empresa. Según los afectados, el proceso de liquidación, que ha durado más de ocho años, ha estado marcado por obstrucciones y abusos. Además, se les ha solicitado una suma adicional de 16 millones de pesos para continuar con el pago de sus indemnizaciones.

Esta situación afecta a más de 60 trabajadores, con hasta 30 años de antigüedad en la empresa, y sus familias, quienes esperan el pago completo de sus liquidaciones y los ha llevado a realizar ya dos manifestaciones. Una en octubre y otra este 15 de enero que bloqueó parcialmente Avenida Pasteur, frente al edificio federal de la institución antes mencionada que duró cerca de 4 horas.

Delicado enfrentamiento de las empresas, “Bienes Montenegro” y “Arte Nacional”. ¿Y…La Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Bien, gracias

Néstor Flores Ruiz, uno de los afectados, relató cómo el proceso comenzó hace más de ocho años, cuando los trabajadores fueron despedidos sin recibir la asesoría adecuada. “Es un problema de ocho años, más o menos cincuenta personas. Son más de cincuenta personas. Ellos fueron despedidos hace ocho años. Cabe decir que al ser despedidos, la Junta de Conciliación envió personal a las instalaciones del patrón para despedirlos sin que ellos recibieran asesoría alguna”, explicó Flores.

Flores también señaló que, a pesar de las denuncias previas, el proceso legal se ha retrasado de manera intencional. “Entonces a partir de ahí se llevó un proceso que totalmente te podría describir como una cloaca de corrupción en el cual están mezclados muchos intereses de particulares, lo cual la Junta por convicción y por ley debería tener prohibido realizar”, comentó.

Además, explicó que los trabajadores, después de ocho años de espera, se encontraron con que la Junta comenzó a operar de manera ilícita, violando varios artículos de la ley. “Lo que la Junta omite es que los demás 16 millones de pesos que tienen que depositar son para pagarles a ellos mismos. ¿Por qué lo hacen así? Pues es lo que quieren saber los trabajadores ahorita”, agregó Flores.

Mario Ramírez Sánchez, otro de los trabajadores afectados, también destacó las irregularidades que enfrentaron en su proceso de liquidación. Ramírez explicó que han intentado diversas gestiones sin éxito, debido a las trabas impuestas por los funcionarios encargados. “Sí, llevamos varios, hemos llevado varias gestiones y el licenciado Carlos R de aquí de conciliación nos ha puesto trabas. De alguna manera él está ayudando al que era nuestro patrón y está entorpeciendo nuestros procesos”, señaló Ramírez.

Los trabajadores acusaron específicamente a Carlos R, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de ayudar al patrón y obstaculizar su proceso legal. “Llevamos ya ocho años, y el licenciado Carlos R de aquí de conciliación nos ha puesto trabas. De alguna manera él está ayudando al que era nuestro patrón”, reiteró Ramírez.

La situación ha generado un fuerte impacto en las más de 60 personas afectadas, quienes han trabajado hasta 30 años en la empresa y han estado esperando justicia durante años, mientras continúan con sus vidas sin la seguridad financiera que les corresponde, según señalaron.

Dado que la manifestación estaba realizándose frente a las oficinas de esta dependencia federal, al solicitar algún tipo de declaración pública se mencionó por funcionarios de recepción que por el momento no se tenía contemplado y serían concertadores de la Secretaría de Gobierno local quienes se encargarían de hablar con los manifestantes.