Benjamín Netanyahu, primero ministro de Israel, es acusado de crímenes de guerra en Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado órdenes de arresto contra dos líderes israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presunta implicación en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza desde el inicio del conflicto el 8 de octubre de 2023. La Corte argumenta que ambos políticos son responsables de la destrucción masiva de infraestructura civil, el uso de la hambruna como arma de guerra y ataques directos a civiles, violando las leyes internacionales de los derechos humanos.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, presentó los cargos, señalando que estas acciones no solo violaron las normas de guerra, sino que también constituyeron una forma de exterminio. La corte sostiene que las políticas del gobierno israelí han resultado en la privación de suministros básicos como alimentos, medicinas y combustible a los habitantes de Gaza, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

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Netanyahu ha rechazado rotundamente las acusaciones, calificándolas de “distorsión de la realidad” y acusando a la Corte de ser una herramienta de “antisemitismo”. El primer ministro israelí defendió que las acciones militares en Gaza son parte de una respuesta legítima contra los ataques terroristas de Hamas, quienes, según él, son responsables de las matanzas y secuestros de civiles israelíes. Netanyahu subrayó que las operaciones en Gaza están enfocadas en la seguridad de los ciudadanos israelíes.

En paralelo, la CPI ha emitido órdenes de arresto contra tres líderes de Hamas, incluyendo a Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, por su presunta responsabilidad en los ataques contra civiles israelíes, como los secuestros y asesinatos ocurridos en el ataque del 7 de octubre de 2023. Aunque las posibilidades de que estos líderes sean detenidos son mínimas, dada la falta de cooperación desde Gaza, la Corte sigue adelante con los procedimientos judiciales.

La respuesta de Hamas ha sido rechazar las acusaciones de crímenes de guerra, calificando sus acciones como parte de una resistencia legítima contra la ocupación israelí. Los representantes de Hamas han afirmado que su lucha está orientada a defender los derechos del pueblo palestino y consideran a la CPI un instrumento de intereses occidentales.

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La postura internacional ha tomado un giro importante con la demanda presentada por México y Sudáfrica en la Asamblea General de la ONU, en la cual exigen que la Corte Penal Internacional investigue las violaciones de derechos humanos en Gaza, señalando que el conflicto entre Israel y Palestina podría calificarse de genocidio.

México, junto con otros países, ha respaldado esta solicitud, subrayando la gravedad de los crímenes cometidos y la necesidad de que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional.