Ambientalistas se posicionan contra resolución de la Suprema Corte en Ley de Aguas

La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra y el colectivo Voceras de la Madre Tierra expresaron su descontento con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de Aguas del estado de Querétaro. Consideran que la resolución carece de una valoración adecuada de los impactos reales de la ley sobre el derecho humano al agua y su saneamiento. 

Acompañada por Teresa Roldán Soria, María del Carmen Siurob Carvajal, María de Jesús Ibarra Silva, Elizabeth Durán y Francisco Landa, promovente del amparo, Tovar Saavedra explicó que la SCJN solo solventó los conceptos de violación presentados en los amparos contra las reformas de 2022 a la Ley de Aguas. Sin embargo, destacó que aún hay cuestiones pendientes, y la ley podría ser declarada inconstitucional en el futuro.

“La sentencia de la Corte no establece los parámetros mínimos para limitar o establecer tarifas, lo que deja abierta la posibilidad de que la ley siga siendo inconstitucional cuando se materialice”, señaló la diputada. Además, criticó que la reforma de 2022, aunque modificada en abril de este año, sigue siendo una ley que privatiza el agua y privilegia intereses privados sobre el bien común.

En su posicionamiento, las Voceras de la Madre Tierra exigieron una revisión exhaustiva de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Abogan por la creación de una ley que garantice el derecho humano al agua y su saneamiento, incorporando enfoques de derechos humanos y sustentabilidad, reiterando su oposición a una ley que solo regula la prestación de servicios.

Las integrantes del colectivo también señalaron que la resolución judicial representa un retroceso en la protección del derecho al agua en Querétaro y exhortaron a la Legislatura local a tomar medidas para corregir estas deficiencias. Solicitaron que las políticas y leyes del estado reflejen un compromiso con la justicia ambiental y los derechos humanos.

Francisco Landa, por su parte, enfatizó la importancia de la participación pública en la gestión del agua y la protección de las fuentes hídricas, asegurando el suministro para uso y consumo humano y previniendo riesgos y conflictos socioambientales relacionados con la gestión del agua.