Congreso de Querétaro debe respetar la “institucionalidad” acatando sentencia de la SCJN: Kuri
El mandatario recordó que la sentencia de la Suprema Corte definió que el proceso electoral actual se realizará bajo las reglas aprobadas en la Ley Electoral de 2023, pese a que se declararon inconstitucionales por el máximo tribunal del país tras impugnaciones de activistas y de Morena
El Congreso de Querétaro debe respetar la “institucionalidad” y acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definió que la reforma electoral aprobada este año es inconstitucional, además de realizar las observaciones que se les hacen, así lo consideró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.
“Sí, que hubo un cambio en la redacción después (por parte de la legislatura). En la medida que se respete la institucionalidad de la Suprema Corte, ya que hubo una queja, tendrá que verse, respetarse y llevarse a cabo”, señaló.
En ese sentido, recordó que la sentencia define que el proceso electoral de 2024 sí debe efectuarse con las reglas aprobadas, aunque hayan sido declaradas inconstitucionales, y que será la próxima legislatura local la que reforme la norma con miras al proceso electoral, pero de 2027.
“La Suprema Corte dice que está mal y la tendrán que volver a hacer. No pega para las elecciones que viene, sino para el 27. Tengo entendido que se queda como está y se tendrá que cambiar para el 27”.
Las modificaciones a las que el gobernador hace mención, cabe recordar, son las relativas a los grupos prioritarios y que fueron impugnadas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como por grupos de activistas apenas unos días después de haberse publicado en la Sombra de Arteaga.
Ayer, la Suprema Corte definió que estas violaciones a las normas constitucionales, en voz del ministro Javier Laynez, podrían significar “un fraude”, sin embargo, el resto de ministros aprobaron una modificación al proyecto de Loretta Ortiz para no derogar la ley y que se juegue bajo esas reglas en el proceso electoral de 2024.
“Hemos sido enfáticos en demostrar las violaciones al proceso legislativo y las adiciones indebidas de disposiciones, que independientemente de haberla detectado como órgano jurisdiccional supremo, habrán de tener vigencia en un momento dado”, señaló el ministro Laynes al manifestar que esto podría ser “un fraude”.
