Proponen evitar que agresores sexuales y en razón de género accedan al gobierno

La Ley 3 de 3 contra la violencia de género promovida por los diputados Graciela Juárez y Paul Ospital, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca evitar que deudores alimenticios o quienes hayan sido condenados por delitos sexuales y violencia política de género puedan contender a cargos públicos de cualquier índole y nivel, pero también a cargos de organismos autónomos y otros poderes del estado.

“Esta ley aplicará para quien busque ser electo como gobernador del estado, presidente municipal, diputado local, regidor, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, presidente o consejero del Instituto Electoral del estado, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos o comisionado de Transparencia y Acceso a la Información”, subrayó Ospital.

Al respecto, el legislador recordó que Querétaro es el tercer lugar nacional en casos de violencia contra las mujeres según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan sólo detrás del Estado de México y la Capital del país con un 75.2% de las encuestadas, además de ser el primer lugar en violencia contra las mujeres en las escuelas con el 40 por ciento.

“El Instituto Queretano de la Mujer nos dice que se resguardaron 307 casos al mes de violencia familiar en 2022 y 289 casos de violencia física. Datos derivados de una denuncia de una mujer valiente, imaginen cuántos casos no se denuncian. De por sí este número es escandaloso y es solo de las mujeres que dan el paso valiente de denunciar”, subrayó.

Asimismo, recordó que ya existen sentencias judiciales que prohíben a violentadores políticos en razón de género a ser candidatos, pero debe ponerse en la ley, agregándose además deudores alimentarios y agresores sexuales y familiares.

Cabe recordar que existe una iniciativa en el Senado de la República y, además, en Sonora, Baja California y Yucatán ya cuentan con normas similares, siendo en este último caso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad al considerar que se vulneraban los derechos políticos de las personas que cometían estos delitos, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso y estableció que no es así.