Notario que cometió fraude reparó el daño en solo 3% de los casos: Lupita Murguía

El gobierno del estado entregó 203 testimonios a igual número de familias que se vieron afectadas por uno de los casos de fraude notarial más grandes que ha vivido el estado y que contó con un monto erogado de 14 millones de pesos -cifra que aumentaría, pues se continuará con el programa este año-. Este caso de fraude, fue protagonizado por Fernando Lugo Pelayo hace seis años y se estima que afectó más de 260 personas, de las cuales únicamente reparó el daño en 6 casos.

“Hasta donde entiendo se judicializaron 8 carpetas, en la mayor parte de ellas reparó el daño. En una se interpuso amparo y está en proceso de suspensión y otra más se desestimó. Tengo entendido que no hubo más reparación del daño, pues se nos refiere, el notario no tiene recursos para hacer frente a su responsabilidad”, aclaró la funcionaria.

Al respecto, la funcionaria aclaró que los ciudadanos podrían proceder de forma individual, sin embargo, al ya habérseles escriturado, el daño quedaría reparado, y será entonces el gobierno del estado el que se reserve el derecho de proceder en contra del notario para que resarza el patrimonio del estado que se invirtió en apoyar a los ciudadanos con este programa.

La escrituración, el traslado de dominio en los municipios, la gestión de los avalúos hacendarios y la realización de las gestiones para el empadronamiento catastral, con una condonación de multas y recargos por parte de los municipios, fue como los gobiernos estatal y municipales apoyaron a estos ciudadanos.

Y, como recordó Murguía, la administración anterior determinó la separación de Fernando Lugo como notario debido a que los actos tuvieron una “grave y dolosa repercusión” y afectaron la adquisición de vivienda para muchos trabajadores de Infonavit y Fovissste.

“Fue un esfuerzo grande de ciudadanos pidiendo justicia y que se les entregarán sus escrituras. No pretendemos cubrir a nadie, es apoyar a las personas y sus familias. De los asuntos legales, después veremos”, puntualizó en su discurso la funcionaria.

Al respecto, el subsecretario de gobierno, Martín Arango, aseguró que los municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro apoyaron con una buena parte de este programa, así como los valuadores, que no cobraron los valores catastrales para los avalúos y al mismo Catastro que se encargó de empadronar las propiedades y al Registro Público, que estableció los registros.

“El programa es un acto de justicia social y derivado de una grave responsabilidad de alguien a quien el estado le otorgó plena confianza para realizar actos jurídicos. La fe pública implica un alto grado de sensatez y gran honorabilidad. El indeciso actuar de un feudatario mancha la institución, por ello hay certeza que los trabajos del Consejo de Notarios está encaminado a dignificar la función”, destacó el funcionario.

Para finalizar, aclaró que fue el 15 de julio, cuando Lugo García Pelayo pidió la audiencia en la que se modificaron las medidas cautelares que permitieron su libertad después de dos años de prisión acusado por al menos 260 personas de haberlas defraudado en los trámites de escrituración de sus propiedades hace cerca de un lustro.