Buscan priistas vetar a corruptos de licitaciones públicas
Abigaíl Arredondo explicó que, con la iniciativa ingresada, cualquier persona física o moral, que haya sido sancionada e inhabilitada por corrupción, quedará suspendida del padrón de proveedores
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Con la intención de evitar que quienes hayan sido sancionados o inhabilitados por corrupción, participen en procedimientos de licitación y contratos públicos, las diputadas locales por el PRI, Abigail Arredondo y Karina Careaga, presentaron una iniciativa que armonizará las leyes locales con las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con la iniciativa, que se trata de una armonización a la Ley Estatal de Adquisiciones y Contratación, con esto se evitaría que, en las licitaciones y procedimientos de contratación, puedan participar sujetos que hayan sido sancionados por actos de corrupción o bien que estén en investigación.
“¿Qué pasa con los proveedores? Porque hay que recordar que cualquier persona, en cualquier estado puede ser proveedor aquí en el estado”, advirtió por su parte, Arredondo.
La coordinadora de la bancada priista expuso que, de acuerdo con la iniciativa ingresada, cualquier persona física o moral, que haya sido sancionada e inhabilitada por corrupción, quedará suspendida del padrón de proveedores, durante el tiempo que dure su sanción y que puede ir desde tres meses hasta ocho años.
Refirió que, según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante el primer año de gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tres de cada cuatro contratos públicos se han realizado vía adjudicación directa; además, mil 500 empresas y proveedores han sido inhabilitados hasta junio de este año, según la Secretaria de Función Pública.
Mientras que a nivel estatal, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), en su última revisión a la cuenta pública, destacó que prevalece el conflicto de intereses, la vinculación de servidores públicos con empresas, la participación y obtención de contratos con empresas involucradas o hallazgos de presunta colusión.
Indicó que, de acuerdo con la ESFE, de los procesos de auditoría a la cuenta pública, el ente público con el mayor número de observaciones fue el municipio de Querétaro con 78 entre enero y diciembre de 2018.
