¿Avance o retroceso? La polémica transición del Seguro Popular al Insabi

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entró en funciones el 1 de enero de 2020 como un organismo para sustituir al Seguro Popular.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, había manifestado su desacuerdo con el Seguro Popular, por lo que mandó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y a la Ley de Institutos Nacionales de Salud. El presidente declaró en una de sus conferencias matutinas que el Seguro Popular no funcionó porque «ni es seguro, ni es popular», y que sería sustituido por un sistema que garantizara la calidad en la atención y el abasto de medicamentos gratuitos.

Las discusiones pasaron por la Cámara de Diputados y fue el 14 de noviembre de 2019, con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, que el Senado de la República aprobó la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular.

De acuerdo con el Gobierno Federal, todas las personas que no tienen acceso a la seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios de salud, medicamentos e insumos asociados.

Para atenderse bajo el esquema del Insabi, las personas tienen que acudir a un centro de salud, hospital general o rural, o a unidades médicas del IMSS Bienestar y presentar su CURP, INE o acta de nacimiento.

La principal diferencia con el Seguro Popular, es que las personas no tienen que afiliarse para recibir el servicio, ni tienen de pagar cuotas. Otro aspecto que los distingue, es que Insabi aumentará a 70 el número de tipos de intervenciones de tercer nivel que atiende, 30 más de los que cubría el Seguro Popular. Además, Insabi brindará atención los siete días de la semana, mientras que el Seguro Popular solo lo hacía de lunes a viernes.

En un primer comunicado, el Gobierno Federal detalló que la atención por el Insabi incluía medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en su caso. Sin embargo Juan Ferrer, director de la institución, puntualizó posteriormente que la gratuidad está garantizada para atención a padecimientos de primer y segundo nivel, mientras que los padecimientos de tercer nivel tendrán un costo y serán atendidos por los hospitales centrales en la Ciudad de México e institutos federales.

Asimismo, López Obrador aseguró que la firma del acuerdo para adherirse al Insabi por parte de las entidades federativas no es obligatorio, por lo que aquellos estados que no signen seguirán recibiendo los recursos correspondientes. Al incorporarse al Insabi, los gobiernos estatales se comprometen a ceder su infraestructura de salud al Gobierno Federal para que éste se encargue de la administración de los servicios de salud.

En la conferencia matutina del 16 de enero, las autoridades federales informaron que son 13 estados los que firmaron el contrato de adhesión al Insabi, mientras que las entidades restantes tienen un plazo de 15 días para decidir si se adhieren o no.

Querétaro es una de las entidades que ha manifestado que no firmará el acuerdo, así, las instituciones estatales continuarán brindando atención. El gobernador Francisco Domínguez Servién ha manifestado que Querétaro no se adherirá porque la entidad cuenta con la infraestructura y los recursos suficientes para poder brindar los servicios de salud. En una entrevista, Domínguez Servién puntualizó que esta decisión no responde a «caprichos o razones políticas».

Mientras tanto, desde el 1 de enero, a través de redes sociales y medios de comunicación han habido quejas por parte de usuarios que denuncian cobro de cuotas para poder recibir atenciones por parte del Insabi; en Querétaro, la delegación de la Secretaría del Bienestar ha reconocido 30 quejas por cobro de cuotas indebidas.

Las autoridades federales y estatales han insistido a los usuarios en la denuncia de cobros indebidos, sin embargo Andrés Manuel López Obrador reconoció que la meta es la consolidación del Insabi totalmente gratuito el 1 de diciembre del 2020.