“Hombre del Millón” defraudó por más de 30 mdp a cerca de 100 queretanos

La Fiscalía General del Estado informó que Éric Alejandro “N”, mejor conocido como “El Hombre del Millón, quien fue detenido en Puebla por el delito de fraude genérico, ocasionó un daño patrimonial superior a los 30 millones de pesos, tras engañar a más de 100 personas en Querétaro.

De acuerdo con la dependencia, en 2017 la Unidad de Delitos Patrimoniales inició una carpeta de investigación por fraude, toda vez que el ahora imputado, quien se hacía pasar como gerente de la empresa Internacional de Franquicias Elite, ubicada en Centro Sur, ofrecía a los ofendidos inversiones que superaban los intereses otorgados por instituciones financieras.

Aunque, algunos de los ofendidos recibieron pagos de utilidades por un tiempo, en la gran mayoría de los casos estas nunca fueron pagadas, por lo que al poco tiempo el imputado finalmente desapareció de la entidad.

Debido a esto, al realizar las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) lograron identificar que la supuesta empresa difundía el servicio de préstamo e inversiones a través de estaciones de radio locales, con el objetivo de captar a las posibles víctimas, quienes acudían a las oficinas para realizar la entrega del dinero.

Con los datos recabados, los elementos de la fiscalía lograron la plena identificación del hombre, quien cuenta con antecedentes por el mismo delito en otras entidades como San Luis Potosí y Michoacán.

Una vez que se tuvieron los elementos necesarios, se solicitó la orden de aprehensión en su contra, por lo que elementos policiales de la fiscalía queretana se trasladaron a Puebla, lugar donde residía el ahora imputado.

Finalmente, la Fiscalía reiteró el compromiso de esclarecer los hechos delictivos ocurridos en Querétaro, por lo que solicitó a aquellos que hayan sido víctimas de estos hechos y a la fecha no se haya querellado, acudan a cualquiera de las unidades de investigación, con el fin de recabar más datos de prueba que permitan obtener, por parte de la autoridad judicial, la pena máxima señalada en el Código Penal del Estado.