Antorcha Campesina, una historia de presiones y clientelismo político

Es bien sabido que desde hace 43 años, la agrupación Antorcha Campesina ha establecido un modo de operar a fin de obtener beneficios que les han permitido continuar con sus actividades en distintas entidades el país.

Surgida como una organización política que tiene como objetivo, según han expresado sus líderes, erradicar la pobreza en México, fue fundada en 1974 por un grupo de universitarios en Puebla, y en 1988 se adhirió al Partido Revolucionario Institucional, luego de que sus dirigentes sintieran la “necesidad” de buscar un respaldo.

Actualmente este movimiento gobierna en municipios poblanos como Tecomatlán, Huitzílan de Serdán, Tlaola, Chiconcuautla, Santa Clara Ocoyucan y los municipios mexiquenses de Chimalhuacán e Ixtapaluca. Hasta 2013, tenían 4 diputados federales y dos diputados locales en Michoacán y de acuerdo con su líder nacional, Aquiles Córdova Morán, se prevé que en 2019 se conforme como partido.

En 2012, un medio digital aseveró que de acuerdo con algunos testimonios recabados, los predios del también conocido como Movimiento Antorchista Nacional se manejan de manera similar a nivel nacional. Según la publicación el proceso inicia con la compra de un terreno a precios accesibles, en donde posteriormente, los propietarios se ven obligados a asistir a reuniones semanales en las que se les solicita una cooperación.

Después, los interesados participan en marchas, plantones, colectas de recursos con botes y presencia en diferentes eventos. Un claro ejemplo de ello, fue cuando Enrique Peña Nieto, durante su mandato como gobernador del Estado de México, les entregó 38 hectáreas para la reubicación de diferentes familias.

Basta con revisar las redes sociales del organismo, para observar que la intervención de este “grupo de choque”, como lo han definido algunos autores, va de norte a sur y de este a oeste.

En octubre, el movimiento instaló un plantón en la Plaza de Armas de Saltillo, para exigir a las autoridades estatales el cumplimiento de un pliego petitorio antes de que culminara el sexenio de Rubén Moreira Valdés. Entre la peticiones destacaba la reubicación de 600 familias, la entrega de programas sociales y la resolución de problemas en materia de pensiones.

En Puebla, luego del asesinato de Manuel Hernández Pasión, presidente municipal de Huitzilan de Serdán, la organización además de realizar marchas, implementó una campaña mediática para denunciar la pasividad de la Fiscalía General del Estado y exigir el castigo de los culpables.

El 6 de diciembre, el antorchismo jaliciense accedió a levantar el plantón de la explanada de Plaza de Armas, esto luego de alcanzar algunos acuerdos con el gobierno estatal. Dentro de sus exigencias se encontraba la creación de centros de enseñanza básica, la construcción de aulas, apoyo médico, dotación de agua potable y drenaje sanitario, así como apoyos a vivienda.

Por el contrario, ese mismo día una comisión del municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí se presentó ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), para exigir el pago de un seguro por concepto de pérdida de cosechas.

Mientras tanto, en Hidalgo exigieron la ejecución de obras con los recursos que según ellos, fueron gestionados por el movimiento ante la Federación. Acusaron a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de querer invertir un presupuesto menor al asignado. En Querétaro, la situación no ha sido diferente, pues el movimiento ha confrontado a los gobiernos panistas.

Un claro ejemplo es el plantón que se instaló hace casi 40 días en Plaza de Armas, pues los manifestantes exigen al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién la entrega de 98 millones 300 mil de pesos para obras y acciones que según las declaraciones de los dirigentes, servirán para mejorar la calidad de vida de las familias en la entidad.

Entre sus exigencias se encontró la construcción de caminos, calles, un auditorio e instalaciones educativas, así como la colocación de alumbrado público, drenaje y la creación de plantas tratadoras de aguas.

El sábado 4 de noviembre el movimiento realizó una caravana vehicular por las calles de Zaragoza, Pasteur, Corregidora e Independencia. Diez días después, se llevó a cabo una marcha en la que participaron, de acuerdo con su reporte, cerca de 5 mil personas.

En el acto se conjuntaron antorchistas de Querétaro, Hidalgo y Morelos, sin embargo, el mitin fue encabezado por el dirigente local, Jerónimo Gurrola Grave, así como Magdalena Reséndiz y Rosa María Morarles Pérez. Ese día, Gurrola informó que durante 2018, su grupo llevará a cabo una campaña de denuncia para exhortar a los ciudadanos a que no voten por el Partido Acción Nacional (PAN).

“A partir del mes de enero vamos a hacer esta campaña para decirle a los queretanos que repudiamos a los panistas, que no estamos de acuerdo con ellos y que vamos a votar en contra de todos los candidatos salidos del Partido Acción Nacional; y no nos importa si estos los propuestos por Ricardo Anaya o son los candidatos propuestos por Margarita Zavala o como se llame el candidato a la Presidencia de la república”.

A días del plantón, los miembros de la organización señalaron que no había voluntad política, ni social por parte del gobernador, y posteriormente acudieron al Centro Cívico para reclamar incumplimiento en algunas de las obras de la colonia Unidad Melchor Ocampo.

Hacia el 12 de diciembre, Gurrola Grave aseveró que gobierno del estado ha ejercido represión en contra de los antorchistas, por lo que en días próximos solicitarán su destitución ante el Congreso de la Unión, sin embargo, el 19 de diciembre aplaudió que Francisco Domínguez atendiera de manera personal a los trabajadores del municipio de Cadereyta que se han visto afectados tras el plantón.

Este miércoles 20 de diciembre, bloquearon el paso vehicular sobre la calle 5 de mayo pues informaron que querían realizar una posas en Plaza de Armas y que elementos de la Policía Estatal impidieron su llegada. Con piñatas de actores políticos como el gobernador y los alcaldes de Corregidora y Querétaro, los manifestantes atendieron las indicaciones y el 21 de diciembre, se manifestaron en las inmediaciones del Centro Cívico para exigirle a la administración capitalina la ejecución de 25 compromisos.