Activistas piden a las autoridades de Querétaro garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo

Karen es una joven indígena de 16 años. Fue secuestrada por su tío y violada en reiteradas ocasiones. Quedó embarazada. Después de escapar, Karen y su mamá fueron a presentar su denuncia al ministerio público de Tlapa, Guerrero, sin embargo las autoridades no levantaron la denuncia y le negaron el acceso al aborto pues no creyeron en su palabra. Al final tuvo que acudir a la ciudad de México para interrumpir su embarazo.

En situaciones parecidas vive Paola, de 10 años y originaria de Tabasco, quien fue violada y embarazada por un hombre de 24 años de edad. Con el apoyo de su familia fue a un hospital para solicitar la interrupción del embarazo pero el ginecólogo no quiso atenderla. La dirección de la unidad de salud la trasladó a un hospital de la capital de ese estado para que la atendieran y le realizaran un aborto legal; a pesar de las molestias, la mantuvieron en observación en espera de una respuesta: no se lo harían por el tiempo de gestación. Sin embargo, con el apoyo de una organización tramitó un amparo y al final el hospital le realizó el aborto.

Esos son sólo dos casos de miles que existen en el país, miles de mujeres que fueron violadas y que, de acuerdo con Human Rights Watch, son víctimas por partida doble: por quien perpetró el hecho y por las autoridades que las ignoran, maltratan y les niegan el acceso a un aborto legal. En Querétaro, la situación no es diferente.

Por este motivo, María Fernanda López Gallegos, integrante de la red nacional católica de jóvenes por el derecho a decidir, exhortó a las autoridades queretanas a cumplir con la última modificación a la norma oficial mexicana NOM-046, con el objetivo de garantizar la práctica del aborto bajo protesta de decir verdad cuando hubo una violación, sin que sea necesaria la denuncia.

Dicha modificación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, fue aprobada el pasado 11 de marzo y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de marzo del presente año; el cambio permite la interrupción voluntaria del embarazo previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de que el mismo es producto
de violación. En el caso de las menores de 12 años se requiere la solicitud de su padre o madre, o tutor.

Esta misma norma, cuenta con un protocolo de atención, donde destaca el otorgamiento de la pastilla de emergencia y de un tratamiento adecuado para prevenir una transmisión sexual.

Contrario a lo anterior, en el estado sólo existen dos causales para permitir el aborto, de acuerdo con el artículo 142 del código penal para el estado de Querétaro: uno, “cuando sea causado por la culpa de la mujer embarazada” (es decir, cuando sea accidental) y dos “cuando el embarazo sea resultado de una violación”. Cualquier otro motivo acarrea penas que van de uno a tres años de prisión, tanto para la mujer como para el médico que lo practique, además de una suspensión de uno a cinco años del ejercicio de su profesión.

Querétaro ocupa el octavo lugar a nivel nacional en número de violaciones de acuerdo con el secretariado ejecutivo nacional de seguridad y el tercer estado por el número de mujeres que abortan en la ciudad de México, puesto que no se cuenta con un protocolo de atención ni con más causales que permitan la práctica del aborto legal en la entidad.

“En nuestro estado las causales no son tan amplias, no tenemos la causal salud, es decir que si la vida de una mujer está en riesgo es preferible que la mujer se muera antes de ceder a un aborto. La reglamentación de esas dos causales y la ampliación de las causales hace falta en Querétaro, hemos estado pidiendo que las causales sean más, quisiéramos que fueran todas las del distrito federal, incluso cualquier situación por condición económica, pero en el caso de Querétaro al menos a la causal salud, por si la vida corre riesgo”, aseveró.

El aborto no es sencillo cuando el factor pobreza aparece, quien tiene los recursos suficientes para hacerlo acude a la ciudad de México, o incluso a clínicas clandestinas en la entidad, donde el costo va de los 15 a 20 mil pesos. Aunque no se tiene el dato con precisión, al menos tres personas han manifestado su interés de acudir a una clínica clandestina en Querétaro.

La ciudad de México es el único lugar donde el aborto es legal, gratuito y seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, López Gallegos detalló que en el país, de acuerdo con el diagnóstico nacional de atención a víctimas de violencia sexual, se cometen al menos 600 mil delitos sexuales al año, de los cuales cuatro de cada 10 son menores de 15 años; además la mitad de los delitos son cometidos en el hogar y el 60 por ciento es cometido por familiares o cercanos.

De enero 2015 a septiembre de 2016, se presentaron 21 mil 902 denuncias por delitos sexuales, cifra que no es absoluta puesto que los delitos sexuales son de los menos denunciados; en Querétaro, por ejemplo, en un informe realizado por el grupo de información en reproducción elegida (GIRE), de agosto de 2012 a diciembre de 2013 no hubo ninguna autorización del ministerio público para abortar por violación, incluso a partir de la norma 046.

“Incluso a partir de la modificación de la norma 046, que elimina el requisito de la denuncia de la violación del ministerio público se siguen usando argumentos legales, se aduce a la falta de información o se recurre al uso inadecuado de la objeción de conciencia, que es un recurso ético religioso que utilizan servidores públicos para decir que no pueden realizar un aborto por violación, es decir, su moral no les permite realizar ese aborto”, aseveró.

México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios en contra de menores de 14 años; incluso, la estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente (ENAPEA) reporta que la mayoría de embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de una violación.

Por todo lo anterior, Zeltzin Azucena Peña Hernández, también integrante de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, exigió al gobernador Francisco Domínguez Servién, al secretario de salud Alfredo Gobera Farro y al secretario de educación Alfredo Botello Montes, a garantizar el acceso a las mujeres a servicios de interrupción legal del embarazo, a sancionar a quienes re victimicen y nieguen el acceso al aborto legal a pesar de contar con las causales permitidas, y a la pronta implementación de la norma oficial mexicana 046.