Solicitud de Fernando de la Isla para ser reinstalado “es ridícula”: Aguilera Rico

La solicitud de reinstalación en el cargo de Fernando de la Isla Herrera, ex secretario de Educación en la entidad, es “rídicula” considerando que no existe un contrato laboral con gobierno del estado, sino un nombramiento director del gobernador, expresó José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo.

“No es un asunto que le estemos llevando a cabo en la junta ni de manera local; esto es un asunto que se lleva en el tribunal, el que va a disponer si le recibe o no le recibe. Yo te puedo decir como abogado que es ridícula la forma en como un ex funcionario de confianza pide su reinstalación y la ley es muy clara nosotros como funcionarios de primer nivel sabemos que la ley del trabajo en su manera general nos indica que somos trabajadores de confianza y no somos trabajadores que lleguemos a firmar un convenio o contrato laboral con gobierno del estado”, subrayó.

Aguilera Rico aclaró que en ni en la Secretaría del Trabajo estatal ni en la junta local de conciliación y arbitraje se está realizando este proceso, pues reiteró que la condición laboral de los funcionarios de primer nivel, o de confianza, no es la misma que la de los trabajadores de base o sindicalizados, quienes, por ejemplo, deben checar entrada y salida, además de haber pasado por un proceso de selección.

“Fernando de la Isla jamás llegó a recursos humanos a entregar su currículum, ni se hizo una entrevista, ni se capacitó para que firme un contrato laboral. No se firma contrato, es un nombramiento del gobernador, quien tiene facultades de remover a sus funcionarios a la hora que quiera y contratar a quien quiera. Esto es por primera vez que se presenta un caso de esta naturaleza”, destacó.

El funcionario estatal reiteró que es ridículo que un funcionario de primer nivel solicite su reinstalación, argumentando que el primero de octubre no se le permitió realizar su trabajo cuando “él no checaba ni tarjeta, no ponía su huella digital como lo pone un trabajador de gobierno del estado”, y dijo confiar que el caso sea desechado pues, de lo contrario, esto marcaría un antecedente penoso para el estado que se sumaría a las jubilaciones de los diputados.