Sindicato de funcionarios públicos lamenta que magistrados se adelanten a la reforma en jubilaciones
Consideran que esto no garantizará el ahorro de recurso que propició la reforma
“Si el señor gobernador buscaba reducir los gastos en jubilaciones y pensiones, se le están adelantando” señaló Rafael Roa Guerrero, subsecretario interno del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, ante la entrega masiva de solicitudes de jubilación efectuada antes de ser aprobada la reforma en materia de jubilaciones y pensiones que limita todas las pensiones a 42 mil pesos y fija la edad de 60 años como requisito para recibir la pensión.
En entrevista, Rafael Roa Guerrero señaló la diferencia de trato que reciben los burócratas sindicalizados y los funcionarios de primer nivel que apresuraron la entrega de solicitudes de jubilación, ya que es incongruente con las declaraciones de gobierno del estado de reducir el gasto efectuado en las pensiones estatales debido a los excedentes de los pagos encontrados y valuados en 500 millones de pesos, que amenazan al estado de una quiebra financiera insostenible.
De acuerdo con el subsecretario interno del sindicato, los sueldos de los burócratas, están en un promedio de 12 mil pesos mensuales; cantidad que contrasta de forma considerable con los salarios neto recibidos por los siete magistrados que entregaron su solicitudes, de 123 mil 89 pesos mensuales, de acuerdo con la página de transparencia del Poder Judicial de Querétaro.
“Nosotros tenemos que trabajar mucho para llegar a 28 años a diferencia de un magistrado que está vitalicio, a ellos no los puedes mover ni los puedes quitar. Nosotros cada cambio de gobierno estamos con lo mismo, con la zozobra y el temor”, manifestó Roa Guerrero.
De la misma forma, señaló que actualmente hay 5 mil 700 sindicalizados, y que alrededor de 3 mil 400 tienen arriba de veinte años, para quienes representa un problema la entrada en vigor de la modificación a la ley de jubilaciones y pensiones, pues tendrán que trabajar hasta cumplir los 60 años, excediéndose de los 28 años establecidos en la anterior ley.