Procuraduría Agraria desconoce intenciones de cambio de zona natural protegida a Peña Colorada

Reginaldo Rivera de la Torre, delegado federal de la Procuraduría Agraria, sentenció que la dependencia a su cargo no ha recibido ninguna notificación respecto a la suspensión del decreto como zona natural protegida de Peña Colorada, y argumentó que el último contacto que tuvo con los ejidatarios involucrados fue el pasado 3 de diciembre de 2014.

“No me puedo pronunciar sobre la suspensión porque no la conozco, no he sido notificado, ni la delegación a mi cargo ni la Procuraduría ha sido notificada de tal suspensión. En el supuesto de que así fuera, siempre le dije a la gente de la Conanp y de gobierno del estado que el proceso de sensibilización con los núcleos agrarios si deciden seguir es paulatino, y tienen que ir de la mano”, expresó.

Declaró que, a título personal, califica como positivo declarar el área de Peña Colorada como zona natural protegida; sin embargo, aclaró que como dependencia su función es diseñar y asesorar a los sujetos agrarios, en este caso los ejidatarios de las comunidades de San José Buenavista, El Salitre, San Pablo, San Pedrito el Alto y Santa Rosa Jáuregui, de la capital, mientras que del municipio de El Marqués la atención es para los ejidatarios de las comunidades de Tierra Blanca, Chichimequillas y San Vicente Ferrer.

Precisó que el último escrito que recibieron respecto al tema por parte de la autoridad es del 15 de junio del 2015 donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) le solicitó ayuda para realizar una asamblea con los ejidatarios, sin embargo refirió que deben ser la Semarnat y la CONANP son quienes deben solicitar dicha asamblea.

Precisó que a pesar del decreto, los ejidatarios pueden vender sus tierras, siendo que el foco de desarrollo inmobiliario está en Jurica, aunque detalló que entre los ejidatarios existe una falsa creencia de que se pueden vender sus tierras para ello, lo cual debe estar aprobado por el Cabildo de cada uno de los municipios involucrados.

Rivera de la Torre indicó que la intervención de la Procuraduría fue desde octubre del año pasado; sin embargo solo se participó en dos mesas de diálogo puesto que los ejidatarios comenzaron a trabajar con una organización, además de que como dependencia emitieron dos opiniones jurídicas donde señalaron varias irregularidades.

“Se emitieron dos opiniones jurídicas en donde establecimos que no se habían celebrado asambleas ejidales conforme lo exige la Ley Agraria y otras disposiciones de la materia, así como la garantía de audiencia. Se señaló que en el estudio aparece acuerdo de Cabildo donde se inició el procedimiento para la declaratoria pero no se tiene el de El Marqués”, concluyó.