Legislatura de Querétaro pedirá explicaciones al Ejecutivo sobre retraso en la implementación de juicios orales

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVII Legislatura del estado de Querétaro, aprobó este miércoles el enviar oficios al Poder Ejecutivo para que este explique el por qué de la prórroga para la entrada del vigor del nuevo sistema penal acusatorio-adversarial, mejor conocido como “juicios orales”, en el distrito judicial que comprende a la capital de Querétaro, a Corregidora y a El Marqués.

Los oficios irán dirigidos a Germán Giordano Bonilla, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; y Arsenio Durán Becerra, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal en el estado de Querétaro.

A Giordano Bonilla se le cuestionará para tener más información sobre los recursos públicos obtenidos por la enajenación de los inmuebles, autorizada el 11 de abril de 2014, y que fueron etiquetados para la implementación de la reforma penal en el estado de Querétaro.

Por su parte, a Durán Becerra se le solicitará:

– Acta de la Sesión de la Comisión de fecha 26 de febrero del año 2015.

– Oficios e información justificativa de dicha determinación.

– Presentación efectuada a los integrantes de dicha Comisión el día 26 de febrero del año 2015.

– Todos aquellos documentos que contengan información que sea necesaria para justificar la solicitud de prórroga al día 1 de septiembre, para la entrada en vigor de los juicios orales en los municipio de Querétaro, El Marqués y Corregidora, que incluye la iniciativa de modificación de decreto referido.

“Solicitar toda la información que tiene que ver con los juicios orales; entiendo que el Poder Judicial tiene la capacidad, recursos humanos y que no se requiere de una sala con madera, con podio y que esté muy bien vestida, el tema no es el lugar, sino el perfeccionamiento del sistema y la manera en la que se implemente y se ha ido haciendo de manera progresiva en el estado; entiendo que la solicitud  en torno a este cambio de fecha, también pone en visualización que tenemos en vísperas un proceso electivo que en nada tiene que ver con los juicios orales,  pero mucho tiene que ver con la entrega recepción de quien resulte ser gobernador del estado a partir del 1 de octubre y que es un proceso institucional que fundamentalmente tiene que estar mucho más allá de los colores, de la persona y de quiénes estén en los cargos públicos”, explicó Braulio Guerra Urbiola, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y miembro de la Comisión.

Mientras tanto, Apolinar Casillas Gutiérrez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión, se mostró crítico con el Poder Ejecutivo, pues consideró que se dio el tiempo suficiente para que se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para permitir la entrada en vigor del nuevo sistema penal en la capital del estado y los municipios metropolitanos.

“Más aún, a petición del Poder Ejecutivo, en apremio por la falta de recursos para la construcción de la infraestructura, el Poder Legislativo dio su venia para la venta de inmuebles con lo que se pretendía obtener una buena parte de los recursos para ello”.

Casillas Gutiérrez pidió evitar “sospechosismos de que esto se trata de patear el balón hacia futuro y que pareciera que se quiere endosar a la siguiente administración estatal, independientemente del color que resulte el gobernador electo”.