Aprueban en el Senado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

El Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen fue aprobado con 110 votos a favor, 1 en contra y una abstención.

Esta Ley tiene por objeto por objeto establecer los principios y bases generales para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier entidad que utilice recursos públicos en el país.

Asimismo se busca distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas encargados del tema. Y establece las bases mínimas que regirán los procedimientos para ejercer el derecho de acceso a la información.

Esta ley, dice el dictamen, busca generar procedimientos sencillos y expeditos, así como regular los medios de impugnación y las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Asimismo, busca regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Datos Personales, que estaría integrado por el IFAI, los órganos estatales de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI.

Prevé que los organismos tengan atribuciones sobre la Protección de Datos Personales y Archivos Públicos y establece 50 obligaciones mínimas generales de transparencia para cualquier sujeto obligado.

De la misma forma busca -leyeron los senadores- el promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia desde el ejercicio de la administración pública, así como la participación ciudadana y el principio de máxima publicidad.

Esta ley integra a los partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados, así como especifica que también los serán los órganos autónomos.

Además, contempla otorgar al IFAI la última palabra en cuanto a recursos de revisión, de cualquier índole.

Los senadores también prevén otorgar facultades a los órganos garantes para imponer sanciones ante las negativas de entrega de información.

Al momento, se procedió a discutir 25 reservas de al menos 10 artículos por parte de los senadores Daniel Avila, David Monreal, Victor Hermosillo, Manuel Bartlett y Mario Delgado.

Durante los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, el Senador Manuel Bartlett Díaz (PT) señaló que la ley es insuficiente en comparación con los compromisos internacionales, y que se necesitará voluntad política para lograr su cumplimiento cabal.

El senador Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) adelantó el voto a favor por parte de su fracción, señalando que el contenido de la ley es una herramienta democrática a favor de la sociedad, y subrayó el papel que jugó la sociedad civil en su elaboración.

La senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD) indicó que en cualquier régimen verdaderamente democrático la información y el control ciudadano deben estar presentes, y celebró que no podrá haber reservas de información en caso de violaciones a los derechos humanos

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) recordó que en la redacción de esta norma, se escuchó al mayor número de voces posibles de la sociedad civil; explicó que el proyecto es la concreción de políticas públicas hacia los sujetos obligados, la generación de información, la prueba de daño, la denuncia ciudadana ante incumplimientos y las sanciones por incumplimiento de observaciones del Ifai.

Finalmente, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (PRI) expresó que en el dictamen se hacen extensivas las obligaciones a los gobiernos, sindicatos, partidos políticos y todo actor que reciba y ejerza recursos públicos, a efecto de rendir cuentas.

Durante la discusión de reservas, el senador Manuel Bartlett cuestionó la capacidad de reserva que tendrá Pemex ante las solicitudes de información. Asimismo, cuestionó la prevalencia de las leyes especiales sobre esta ley general, cuando el derecho a la información es un derecho universal.

Asimismo, aseguró que esta ley protege en gran medida a la corrupción.

“La ley está flotando. Tiene enormes limitaciones, por eso hemos estado insistiendo en ese tema, aunque no quieran entender quienes ya tomaron una decisión”.

Sus propuestas no fueron aceptadas.

El senador Mario Delgado se manifestó en el mismo sentido, al cuestionar que si esta ley no es capaz de prevenir la corrupción en medio de una reforma energética, no habrá de tener impacto real. Pidió, incluso, que se tenga impacto sobre las licitaciones de manera inmediata al término del proceso y no se mantenga una reserva de 5 años: “estamos dejando este primer eslabon en la opacidad (…) debemos aplicar el principio de máxima publicidad posible (…) No tenemos garantías”, dijo

“No estamos construyendo la capacidad institucional para los contratos que se están experimentando”, explicó.

Finalmente, tampoco fue aceptada la propuesta.

Al final, y tras las reservas, la votación quedó a favor del dictamen original, con 95 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.