Interpretes para indígenas en procesos penales se trabaja a niveles local y federal

Indígenas en conflicto con la ley de todo el país recibirían el apoyo de un traductor y la revisión de sus casos a propuesta del Instituto Nacional de Mujeres( Inmujeres), un apoyo que ya se trabaja a nivel estatal para que los indígenas queretanos también reciban de manera puntual. 

Rosendo Anaya Aguilar, diputado local, presentó hace unas semanas una iniciativa similar para apoyar con traductores a indígenas de todo el estado que enfrenten procesos contenciosos, por lo que el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas se mostró contento de que la idea esté replicándose a nivel nacional. 

“Lo comenté el día que hicimos la presentación de la iniciativa, no tenemos el dato registrado directamente por las autoridades, aún estamos en espera, tenemos la referencia, pero no de manera oficial, que son alrededor de 30 personas mujeres indígenas presas, pero es un dato más por la CDI, pero no de manera oficial por las autoridades competentes, pero pues estamos a la espera de que nos confirmen la cantidad de mujeres presas y que no han sido atendidas por un interprete o un traductor”, dijo el diputado local.

Anaya Aguilar informó que el tránsito de la iniciativa va de manera correcta al interior del Congreso, y que a estas alturas la Mesa Directiva ya la turnó a la Comisión que él preside para poder generar un dictamen.

“Nosotros estamos ya en próximas fechas para ir trabajando, ya estaremos haciendo algunos foros, ya estaremos trabajando directamente con personas de las propias comunidades para darles a conocer igualmente, que la puedan enriquecer, para trabajar también con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que estamos en espera para que nos den sus puntos de vista. Hemos estado platicando también con el Secretario de Gobierno donde le hemos dejado también la iniciativa”, añadió.

La idea de la iniciativa es, en primer término, crear intérpretes certificados en lenguas como el otomí o el nahuatl, y que estos estén al servicio de los cerca de 30 mil indígenas que viven en el estado cuando tengan que enfrentar algún proceso contencioso, ya sea de tipo penal, civil, laboral, etcétera.

En todo el país existen 195 mujeres indígenas procesadas o sentenciadas en el fuero común, mientras que en el federal 74 están en la misma situación.