Diputados aprueban Ley “antilavado” de dinero en Querétaro

Por unanimidad los diputados de la LVII Legislatura local aprobaron la propuesta de reforma al Código Penal estatal, con la que se perseguirá y sancionará el delito de lavado de dinero.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la LVII Legislatura, a cargo del panista Luis Bernardo Nava Guerrero, quien explicó en qué consiste dicha reforma.

“Con las reformas que se proponen, Querétaro podrá contar con una reforma al Código Penal en su artículo 34 que establece el límite de los días multa que se establecen como sanción pecuniaria
en los delitos, que hasta hoy no podrán exceder de 750 días.

“El artículo 60 de dicho ordenamiento establece que los instrumentos, objetos o productos del delito, cuando se trate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de que se hubieran perdido, consumido o extinguido o no sea posible localizarlos o constituyan garantías de créditos preferentes, podrá decretarse su aseguramiento de los bienes propiedad del indiciado, así como de aquellos respecto de los que se conduzca como dueño”, refirió.

Además, dijo Nava Guerrero, con la reforma se sancionaría con 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días multa al que por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, posea, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte, transfiera dentro del Estado, de éste hacia
el exterior del mismo o a la inversa, recursos, valores, bienes o derechos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

“La pena se aumentará en una mitad más cuando la conducta sea cometida por servidores públicos o bien por ex servidores públicos si la conducta se realizó por ellos dentro de los dos años inmediatamente posteriores a su separación o baja del servicio público por cualquier causa”, agregó sobre la reforma Nava Guerrero.

Por último, aseguró el panista que se podría inhabilitar a funcionarios públicos por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad que se le haya impuesto y se aumentaría en la mitad la pena a quien haga uso de menores de 18 años.