Arraigo de detenidos por balacera en Candiles, a punto de vencer
Este jueves se cumple un mes de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Corregidora
Autoridades ministeriales federales y de la Dirección de Investigación del Delito (DID) indagan y realizan las últimas pesquisas para determinar la situación jurídica de los implicados en el caso de la balacera en Candiles, Corregidora, ya que en dos semanas vence el plazo para el arraigo de los implicados, aseguró el titular de la Procuraduría General de Justicia en Querétaro, Arsenio Durán Becerra.
“Ellos tienen su propia investigación en cuanto a la comisión de delitos de carácter federal y entonces de manera simultánea la Procuraduría del estado ha llevado a cabo sus investigaciones y lo propio está haciendo la Procuraduría General de la República de tal manera que cada quien, en su tiempo, habrá de tomar sus determinaciones, independientemente de que continúan las actividades de coordinación y colaboración para lo que se vaya requiriendo”, detalló.
Asimismo, precisó que será el Ministerio Público quien determine por qué tipo de delitos se sancionará a los implicados, ya que una vez que el plazo venza se tendrá que determinar su situación jurídica.
“Esto es lo que estamos trabajando en estos días, precisamente, para que a la brevedad posible podamos nosotros someter el asunto a consideración del juzgador y que el juzgador dicte las determinación que sean legalmente procedentes”, añadió.
Entre los delitos que se imputan a los involucrados en la balacera ocurrida hace un mes está el de portación de armas prohibidas, que tendría que ser juzgado por la Procuraduría General de Justicia (PGR), mientras la PGJ hace lo propio en cuanto la situación jurídica de los menores implicados.
Recuento de los hechos
Este jueves 18 de octubre se cumple un mes de uno de los sucesos más violentos en los tiempos recientes de Querétaro.
La balacera en Candiles, Corregidora, -que dejó como saldo 10 detenidos y dos muertos hasta el momento- ha estado llena de especulaciones, errores y situaciones jurídicas poco claras para los implicados.
Eran cerca de las 14:00 horas de aquel martes 18 de septiembre, cuando uniformados y personas civiles intercambiaron balas en el fraccionamiento Camino Real, con saldo de un agente de la Dirección de Investigación del Delito de la PGJ muerto y algunos detenidos.
El mismo día, cerca de las 7:30 de la noche, la Procuraduría General de Justicia, en voz de Arsenio Durán, informó sobre seis detenidos, entre ellos dos menores de edad.
Días más tarde, y tras el aseguramiento de distintos domicilios en el fraccionamiento Milenio así como las colonias Jardines de la Hacienda y Jurica, la cantidad de detenidos se fue sumando hasta 10, dos de ellos menores de edad.
En el lugar de los hechos fueron decomisadas 11 armas largas, ocho cortas, tres granadas así como dinero en efectivo. Dos de las armas estaban bañadas en oro.
Personas provenientes de Tamaulipas, Zacatecas y Querétaro habían sido detenidas en una ola de hechos que después saldrían a la luz. El “levantón” de dos personas en Santa Rosa Jáuregui, quienes fueron encontrados muertos en Amelaco, el intento de robo y secuestro ese martes 18 en Tejeda, Corregidora, se enlazarían en una célula delictiva que apuntaba a tomar el control del narcomenudeo en la entidad.
Se trataba de un grupo comandado por un elemento de la Policía Federa Preventiva (PFP) identificada como “La Paloma”, quien era la encargada de recibir reportes de narcomenudeo, daba aviso a los delincuentes a su mando, quienes decomisaban la droga para su venta y no sancionaban a los responsables.
Posterior a la detención, los implicados fueron arraigados en un domicilio de la colonia Burócratas, en la antigua agencia IV del Ministerio Público. Los dos menores fueron instalados en el tutelar de la especialidad, y las casas de seguridad resguardadas por elementos de la PGJ.
Todo parecía haber terminado, sin embargo; el viernes 5 de octubre por la noche, un menor fue hallado muerto en el interior de uno de los espacios del Consejo de Menores. Según las primeras investigaciones, el joven utilizó una sudadera para amarrársela al cuello y colgarse. Casualmente, este joven fue quien habría disparado contra el elemento de la DID, Pablo Ortega, quien falleció el día de los hechos.