Querétaro obtiene cuarto lugar nacional en evaluación de Ceresos

A pesar de que en los Ceresos de Querétaro se detectaron sustancias prohibidas, falta de atención médica, mala alimentación, hacinamiento y nulo control sobre casos de tortura y maltrato, sacó un 7.79 de calificación en el Diagnostico Nacional de Supervivencia Penitenciaria 2011 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo al documento, el estado logró el cuarto lugar en esta materia, ya que el promedio nacional fue de 6.41, lo que coloca a Querétaro solo por debajo de Aguascalientes, quien obtuvo un 8.47; Guanajuato con 7.89, y Tlaxcala en tercer lugar con 7.8.

Mientras el último lugar se lo quedó Nayarit con una calificación reprobatoria de 4.57 y le sigue Tabasco con el 4.86.

De acuerdo con la Comisión Nacional este es un instrumento de evaluación que permite analizar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional.

“Relacionado con las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión, con perspectiva del respeto a los derechos humanos, el cual se ha convertido en un indicador importante que refleja la situación que prevalece en tales lugares. Es también una herramienta de consulta para las autoridades penitenciarias, académicas e investigadores interesados en la materia, que se realiza a través de la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria” indica el documento.

De esta manera el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José el Alto obtuvo la mayor calificación con un 7.99; le sigue el Cereso Femenil 7.79, y San Juan del Río con una calificación del 7.60.

En cuanto a las indicadores particulares para los tres Centro de Reinserción Social los números quedaron de la siguiente manera:

Aspectos que garantizan integridad física y moral del interno: 7.15

Aspectos que garantizan una estancia digna: 8.90

Condiciones de gobernabilidad: 7.66

Reinserción social del interno 8.15

Grupos de internos con requerimientos específicos 6.91

Pero a pesar de esto se hicieron varios señalamientos al servicio que brindan estos centros.

En el caso del centro de San José el Alto y el centro Femenil se acusa que no hay un registro de los incidentes violentos que se han suscitado en su interior y se carece de un registro de los casos de tortura o maltrato que se han dado dentro de ellos y  no informa sobre los procedimientos para su atención; no se protege a la víctima ni se denuncian los casos ante el Ministerio Público.

Además se asegura que alimentación es de mala calidad; se considera es insuficiente el personal de seguridad y custodia; además de que se realizan acciones que violan el debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias.

“Se suspende la visita familiar y la comunicación telefónica; en la mayoría de los casos no se practica la certificación de integridad física y se suspende la visita íntima, y los sancionados reciben trato indigno” señala el documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunado a esto en el caso específico del Cereso varonil se detectó la presencia de objetos y sustancias prohibidas; mientras los enfermos de VIH/SIDA no han sido reubicados por motivos de salud.

En el caso del Cereso Femenil, aunado a esto, no se brinda la atención médica suficiente a las internas y no se proporciona alimentación a los hijos de estas.

En cuanto al Centro de San Juan del Río se señala que hay un hacinamiento, ya que la prisión tiene capacidad para albergar a 456 reclusos pero actualmente ahí viven 491 personas; además de que los internos con VIH/SIDA carecen de atención médica

En este sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos asegura que los centros penitenciarios del país simplemente no cumplen su misión, que es tratar de lograr la reinserción del sentenciado.

“Al no recibir la atención y recursos financieros y presupuestales necesarios debidamente supervisados, para que se apliquen a lo que están destinados, se provoca que su función se distorsione en vez de ser verdaderos espacios propicios para el estricto cumplimiento de las penas impuestas a los infractores de la ley, se convierten en centros de aprendizaje y especialización superior de la delincuencia ahí interna” señala el informe entregado por la CNDH.